El alcalde desmiente rotundamente las acusaciones de un activo militante socialista

El alcalde deCartaya, Juan M. Polo, ha desmentido rotundamente las acusaciones vertidas“por este supuesto vecino de Cartaya, que resulta ser un ex concejal socialista, ex teniente de alcalde y ex asesor delanterior alcalde, lo que pone de manifiesto que se trata de un nuevo capítulo de la persecución y lacacería política de la que estoy siendo objeto con el único propósito de sembrar la duda para desprestigiar y hacer dañopolítico”.

Se trata, asegura, de un nuevo intento de poner en duda lalegalidad de las construcciones que el primer edil posee en el campo, después de que ya en 2012 se presentarandos denuncias anónimas referidas a las citadas construcciones, ante el Sepronay ante la Fiscalía, que dictó autode archivo “por no ver indicio alguno de ilegalidad en los expedientes,después de analizarlos con detalle y de exigir los pertinentes informestécnicos de los funcionarios públicos”. El primer edil niega también la existencia de dos viviendas, “puesto que la que seconstruyó en el año 2004 ni ha tenido jamás, ni tiene un uso residencial, comose acreditó documentalmente ante al Ministerio Público en su día, puesto que setrata de una nave de aperos”. Además insiste en que “tengo todos mis papeles en regla, especialmente el de mi vivienda y eldel almacén de aperos, aboné las correspondientes tasas y he pagado todos losimpuestos que me corresponden”.

Al respecto asegura que “las citadas construcciones, se encuentran en la misma situación dealegalidad o de irregularidad administrativa en la que se encuentran las cercade un millar de construcciones en el campo de la localidad, puesto que entodos los casos se ha seguido siempre el mismo proceso, y en el resto deAndalucía, por el vacío legal que existía al respecto, pero se trata de unasituación totalmente regularizable al amparo del Decreto 2/2012 que sacó laJunta de Andalucía precisamente para normalizar la situación de este tipo deedificaciones”.

En este sentido, el Ayuntamiento en la actualidad seencuentra tramitando los expedientes pendientes de este tipo de viviendas en lalocalidad, “para proceder a la regularización de todas las construcciones en elcampo, que se encuentran en la misma situación, y yo estoy en el mismo caso delde los 50.000 propietarios de viviendas en suelo no urbanizable de Andalucía”.Además, señala, “con la particularidad importante de que en este caso concretono hay problemas de afección sectorial, es decir no se encuentra en zona deprotección, ni en monte catalogado, ni zona de influencia del litoral, ni dedominio hidráulico (arroyos,..) , es decir que no hay problemas para suregularización una vez quede aprobada definitivamente la modificación número 6del PGOU de Cartaya, que beneficia a todos los vecinos con propiedades en elcampo”.

Además, reitera, “el tratamiento que se me ha dado a estasconstrucciones, tanto en materia de otorgamiento de licencias como dedisciplina urbanística, ha sido también idéntico al del resto de vecinos de lalocalidad”. Insiste, en respuesta a las acusaciones del militante socialista,que “en ningún momento he intervenido en el proceso de concesión de laslicencias, puesto que ostentaba el cargo de concejal y no de teniente dealcalde y no me competía el ejercicio de acciones de disciplina urbanística”. Finalmente,el alcalde insta al autor de estas acusaciones a que “en vez de acudir a los periódicos, con el objetivo de difamar para quequede la duda y el daño, ejerza las pertinentes acusaciones legales en eljuzgado, que es donde hay que demostrar lo que se dice, y donde yo ya he demostradoque siempre me he ajustado a la legalidad vigente y estoy dispuesto a hacerlocuantas veces sean necesarias”.

Para el primer edil es “tremendamente significativo que seaun activo militante socialista, que además fue concejal y teniente de alcaldeentre 1991 y 1995, y estuvo imputado porsu gestión al frente de una Mancomunidad en la provincia, el que insista enuna acusación que no tiene base alguna, como ya quedó probado ante elMinisterio Público, sólo con el objetivo de hacer daño político”.