Carta al director
La Asociación de Abogados del Turno de Oficio, insatisfecha con los pagos de la Junta
La Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Huelva muestra su más absoluta insatisfacción con los pagos realizados en los últimos días por parte de la Junta de Andalucía. Dichos pagos no pasan de ser una limosna que no regularizan la situación provocada por los incumplimientos y retrasos de la administración autonómica.
Así, los letrados deben continuar desarrollando sus labores sin que se les liquide el año 2011, del cual todavía quedan pendientes gran parte del tercer trimestre y el cuarto completo, así como los dos primeros trimestres de 2012.
Todos los profesionales afectados coincidimos en la necesidad de cobrar el 100% de los atrasos inmediatamente para poder sufragar los gastos que nos ocasiona la prestación del servicio, y que se vuelva a regularizar trimestralmente el pago de las actuaciones realizadas, pues cualquier otra medida es un parche que obliga a los letrados a financiar con sus propios recursos la Justicia Gratuita y que no puede sostenerse por más tiempo, poniéndose en peligro la calidad y supervivencia del propio servicio.
A la anterior situación de la Justicia Gratuita viene a unirse la dificultad generada a los clientes particulares y a los propios profesionales por las sucesivas subidas de los tipos impositivos, principalmente el IVA. Con esta medida, se penaliza con unos tipos impositivos elevadísimos el acceso y la prestación de un servicio básico como la justicia. Sólo aquellas personas con elevados recursos económicos podrán afrontar las minutas privadas de los letrados, quedando absolutamente desprotegida la clase media; pues ésta, que no puede disfrutar de la justicia gratuita por superar los ingresos mínimos exigidos, tampoco podrá acceder ahora a la privada, por no disponer de los ingresos suficientes para afrontar las minutas incrementadas con un 21% más de IVA, fomentándose al mismo tiempo una mayor defraudación fiscal de la ya existente.
Los profesionales del sector urgimos a los responsables políticos a reconducir la caótica situación generada y a ser consultados para la adopción de medidas eficaces que no lesionen derechos fundamentales como el acceso a la justicia y dignifiquen la prestación del servicio. De lo contrario, será imposible evitar la conflictividad social en el sector y su paralización económica.
