Cuando la democracia se defiende con órdenes

El pasado día 22 de marzo un grupo de onubenses acudimos alpleno del Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de grabar el desarrollo delmismo. Las reuniones plenarias de los ayuntamientos son públicas de acuerdo conel Art.88 del Reglamento de Organización sobre el Funcionamiento de los Plenos.Además, el Art. 69 señala que: Las Corporaciones locales facilitarán lamás amplia información sobre su  actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida  local. Por esta razón consideramos queno hay motivo, más allá del interés de nuestros gobernantes por laopacidad,  para que las sesiones de losplenos no sean grabadas, como han establecido reiteradamente varias sentenciasque declaran que impedir que se graben los plenos municipales viola derechosfundamentales (Sentencias del TSJ de la Comunidad Valenciana nº 42/2009 y nº668/2011 y Sentencia del Juzgado Contencioso-Advo. de Salamanca nº 284/2012).Las grabaciones son  herramientas quegarantizan la transparencia y la democracia y favorecen la participaciónciudadana.

Cuando llegamos al pleno nos sentamos y nos pusimos aescuchar y a grabar con nuestros móviles. En ningún momento interrumpimos eldesarrollo del pleno. Sin ningún motivo, más que la orden del alcalde, lospolicías nos impidieron grabar. Se nos obligó a apagar las cámaras y senos  requirió  el DNI. Los agentes insistieron en queabandonásemos la sala, aunque en ese momento ya no estábamos grabando, y salieron al pasillo con nuestros carnés.A  pesar de la confusión y la incertidumbrepor las posibles  represaliaspermanecimos allí para exigir explicaciones al alcalde una vez concluida lasesión.

Nuestra indignación creció cuando vimos la figura delalcalde recoger sus carpetas y salir estrepitosamente por la puerta trasera. Leexigimos que diese la cara. Fue entonces cuando, ante el asombro de todas laspersonas allí presentes, el concejal Francisco Moro salió a la defensa de sulíder, no con ánimo de discusión o debate para exponer sus  razones, sino dirigiéndose de modo intimidatorio hacia el lugar donde nosencontrábamos. Ante esta escena tan violenta y desagradable, fueron  sus propios compañeros los que seposicionaron delante de Moro y lo agarraron, impidiéndole el paso. En definitiva, nada en su actitud fuediferente al modo en el  que sueleproducirse una pelea callejera. Después de esto, salimos al  pasillo a recuperar  nuestros documentos de identidad y, por sifuera  poco, mientras transmitíamos a lospolicías nuestra preocupación por lo que  allí estaba sucediendo, lateniente de alcade María del Carmen Sacristán pasó por allí, nos llamó sinvergüenzas y gritó literalmente a unciudadano: Vete de aquí. Parece ser que esta mujer consideraque  no todo el mundo tiene los mismos derechos, que hay ciudadanía  de primera y de segunda, y que ella tiene más derecho a estar en elAyuntamiento.

Aún permanecimos un buen tiempo conversando con los agentesacerca de lo ocurrido. Intentando quitar hierro a los forcejeos y dejando claroque,  a pesar de que a veces podamos perder los nervios debido a lapresión,  por  su parte, de tener que obedecer órdenes en contra del sentido común y a lafrustración, por la nuestra, de no poder ejercer  nuestros derechos, que nuestra lucha no es contra ellos y que  no son responsables de las incongruencias denuestros gobiernos. Comprendemos su situación difícil en la que está en juego su trabajo, pero les animamosa que busquen apoyo en la jurisprudencia para abstenerse de obedecer  órdenesilegales.

En  cuanto a larepercusión mediática que ha tenido el asunto, nos apena el  hecho de que se haya convertido, una vez más,en una discusión entre  losrepresentantes de los partidos mayoritarios, los cuales se lanzan acusacionesentre ellos y nos ignoran como ciudadanía, una vez más. Nos preocupa que  estar en un sillón en esa mesa te impidasolidarizarte cuando ves que  se cometeuna injusticia. Agradecemos las preguntas que se le hicieron  al alcalde y el apoyo recibido a la salida,pero quien es de verdad  consciente de lafarsa a la que estamos asistiendo y de la gravedad de  los hechos no puede sino levantarse yexpresar su desacuerdo.

No es la primera vez que se expulsa a alguien del pleno porintentar  grabar. Otro ciudadano ha sidoexpulsado en reiteradas  ocasiones poreste  motivo. Además, dado que no hemostenido  contestación a la cita quese  pidió el pasado mes de Diciembre porescrito para  entablar un diálogo acercade  este problema, no vemos otra soluciónque  estudiar acciones legales.

15M-Huelva