La Universidad en la calle

Como consecuencia de ello, nos encontramos, con más frecuencia de la que nos gustaría, con que el Gobierno actual aprueba por decreto ley una nueva norma que afecta a la docencia universitaria. La última ha sido la aprobación del 3+2, es decir, la ley que permite que las universidades españolas oferten grados de tres años y másteres de dos, a diferencia del modelo imperante hasta ahora y desde última reforma que sustituyó las tradicionales licenciaturas y diplomaturas por grados de cuatro años y másteres de uno.

Hay que recordar que los grados de cuatro años apenas han cumplido cuatro o cinco años de vigencia en la mayoría de las universidades españolas, por lo que su implantación aún no ha podido ser analizada. A día de hoy, en mi facultad hay alumnos que se siguen examinando de asignaturas del plan de estudios anterior. A la vista de esto, cualquiera podría pensar que una nueva reforma de los planes de estudio es, cuanto menos, precipitada. Además, con la excusa de homogeneizarnos con Europa hace convivir en nuestro propio país dos modelos educativos diferentes, por lo que resulta claramente innecesaria e ineficiente. Pero si a ello añadimos que se ha diseñado y aprobado con el desacuerdo de toda la comunidad educativa en conjunto —rectores (CRUE), alumnado, sindicatos de profesores y personal de administración y servicios, gobiernos autonómicos— la ley ya muestra el sello inconfundible de nuestro inefable ministro Wert.

¿Por qué nos oponemos al 3+2? Es sencillo. Además de innesaria y precipitada, esta reforma es perjudicial para la universidad española. Con un 3+2 se sustituye un curso de grado por otro de máster, que resulta considerablemente más caro. Los tres primeros años se dedicarán a los contenidos más generalistas mientras que los dos últimos serán los que realmente aporten al alumno los contenidos específicos necesarios para desarrollar su profesión. Por tanto, en el mercado de trabajo se valorará fundamentalmente que el alumno haya cursado el máster. Sin embargo, en el contexto actual de crisis y la reforma del sistema de becas – otra medida que también tiene el sello Wert – los alumnos con menos recursos sólo podrán acceder, con suerte, a los tres primeros años, lo que les perjudicará considerablemente a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

¿Quién gana con todo esto? Obviamente las universidades privadas, las únicas que prevalecen en este contexto de crisis al calor de un gobierno amigo. Si realmente quisieran homogeneizarnos con Europa podrían empezar por ofrecer un sistema de becas que realmente cubra las necesidades del alumnado, por dotar a las universidades públicas de más recursos o reducir las tasas universitarias, actualmente entre las más caras del continente.Por todo ello, la universidad española y, en concreto, nuestra Universidad de Huelva, se encuentra inmersa en un calendario de protestas y manifestaciones que muestran nuestro rechazo a esta nueva reforma perjudicial. La universidad española y, en general, todo nuestro sistema educativo, necesitan un pacto global entre los distintos partidos políticos, que permita consensuar un proyecto educativo estable a largo plazo y que garantice la excelencia educativa y la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, con independencia de su nivel económico. Por ello nos manifestamos y damos clases en la calle, para que toda Huelva pueda unirse a nosotros y defender el futuro de su universidad, que es también el futuro de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto.