Una auditoría detecta irregularidades en decenas de contratos públicos firmados por el anterior gobierno de Almonte

Mario Asensio Figueras

Huelva

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27/10/2025
Actualizado a las 16:57h.

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El Ayuntamiento de Almonte ha informado de que una auditoria externa ha revelado irregularidades en decenas de contratos públicos firmados por el equipo de gobierno anterior, del PSOE, entre los años 2019 y 2022.

Según el informe de los auditores, el análisis, que abarca una muestra de más de 5.200 contratos formalizados entre 2019 y 2022, por un importe total superior a 30 millones de euros, detecta «deficiencias e irregularidades en la tramitación de determinados expedientes».

Entre las observaciones técnicas formuladas, se señala que «no constan justificantes de pago» en buena parte de los contratos menores revisados, lo que impide verificar la correcta ejecución y los plazos de abono. También se indica que «no se publicaban los contratos menores con la periodicidad exigida por la Ley de Contratos del Sector Público», limitándose su difusión a los ejercicios 2021 y 2022.

Asimismo, el informe refleja que hasta 33 expedientes fueron tramitados como contratos menores pese a superar los 15.000 euros en servicios o suministros, lo que supondría un incumplimiento del procedimiento de contratación.

Los auditores advierten, además, casos de fraccionamiento de contratos o duplicidad de objetos adjudicados en fechas próximas, así como la falta de documentación o facturas justificativas en algunos expedientes, lo que dificulta acreditar con rigor la prestación de los servicios o suministros.

El Ayuntamiento de Almonte ha celebrado este lunes una reunión con la Comisión de Investigación municipal en la que se han presentado las conclusiones del Informe de Auditoría de Cumplimiento 2019-2022, elaborado por un grupo de auditores externos especializados en contratación pública. Este documento examina la gestión de la contratación municipal durante el citado periodo y constituye una herramienta de control que permitirá a la Secretaría General emitir los informes jurídicos correspondientes.

Estas conclusiones, aportadas por el equipo auditor, ponen de manifiesto «la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno y transparencia en la gestión de los recursos públicos«, destaca el Ayuntamiento, un compromiso que el actual equipo de gobierno ha situado como «prioridad desde el inicio del mandato».

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha subrayado que «la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales de nuestro modelo de gobierno. Hemos encargado esta auditoría precisamente para conocer con rigor lo ocurrido en ejercicios anteriores y poder garantizar que cada contrato y cada euro público se gestionen conforme a la ley, con control».

La auditoría, que ha abarcado contratos menores, mayores y de naturaleza privada, se ha basado en una muestra representativa de los expedientes tramitados durante el periodo 2019-2022, por un valor global de más de 30 millones de euros. El estudio ha permitido comprobar el grado de cumplimiento de la legislación vigente y detectar áreas de mejora en la gestión documental y los procedimientos de adjudicación.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almonte pretende seguir avanzando en su propósito de modernizar la administración local, fortalecer la confianza ciudadana y consolidar una gestión pública transparente y responsable.

Por su parte, el grupo de concejales no adscritos del Ayuntamiento de Almonte ha denunciado que la comisión de investigación sobre los contratos de 2019–2022 funciona sin la documentación que dice sostenerla. “Han pasado dos meses y no hemos podido abrir ni un expediente. No aceptamos resúmenes ni conclusiones de parte. Exigimos los documentos originales, con su número de registro y sus fechas”, afirma Miguel Ángel Jiménez García, portavoz de los no adscritos, que añade que “una comisión sin expedientes es un fraude”.

Los ediles recuerdan que han reclamado en numerosas ocasiones el acceso a los expedientes, así como su inclusión en el orden del día y un protocolo de consulta claro. “Si el Gobierno tuviera algún indicio serio, ya lo habría puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Así se procede en una investigación real: primero se dirimen responsabilidades judiciales y, en paralelo, las políticas. Aquí, en cambio, se ha optado por una caza de brujas sin pruebas”, añade Jiménez García.

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