Juanma Moreno pone a los agricultores afectados en el centro de la negociación sobre Doñana

Sobre la bocina ha llegado el principio de acuerdo sobre Doñana entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que sin embargo no acabará materializándose si las conversaciones iniciadas no acaban con una solución que satisfaga a los agricultores «atrapados ahora mismo en una situación de alegalidad».

Así lo ha asegurado este miércoles en Huelva el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha valorado el «proceso de diálogo» abierto con el Gobierno de la Nación tras meses de enfrentamiento acerca de los regadíos en el entorno del Parque Nacional, pero que lo ha condicionado a que »esos agricultores que necesitan una solución por parte de las Administraciones la encuentren y queden satisfechos».

Esta es, según el presidente andaluz, la «base» sobre la que debe empezar a construirse el futuro acuerdo, insistiendo en que aún no lo hay, y en que la proposición de Ley sobre la que ha girado la polémica en estos últimos meses «no ha sido retirada. Su aprobación ha sido pospuesta y abrimos ahora un periodo de negociación, pero si no se llegara a un acuerdo a lo largo de este mes se aprobaría en octubre».

«La proposición de Ley no ha sido retirada. Si no se llegara a un acuerdo a lo largo de este mes, se aprobaría en octubre»

Cabe recordar que el propio Moreno y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, escenificaron este martes, tras reunirse en el palacio de San Telmo, la firma de un tregua y la apertura de un proceso en el que un equipo de alto nivel con representantes de ambas administraciones tratarán de diseñar un plan de reordenación y actuación en Doñana y su entorno, con el compromiso además de una inversión de 356 millones de euros por parte del Gobierno de España.

«Esperamos que este diálogo sea franco y sincero y que se establezca desde el rigor y la generosidad», ha resumido Moreno. «Vamos a trabajar con discreción y contando con todos, también con la causa principal que reside en el origen del conflicto entre ambas administraciones, que son aquellas familias de agricultores que están atrapadas en una situación de alegalidad y que necesitan una solución a su situación. La solución colectiva parte de esa base; tenemos que hablar de muchos temas, pero un de ellos tiene que ser sin duda la situación de estas familias que están en esas 700 hectáreas», ha insistido.

El presidente andaluz ha dudado de que la compra de suelos vaya a ser la solución que propongan desde el Gobierno central, y ha adelantado que «si la ministra no quiere que haya media hectárea más de regadío no en Doñana, sino en Huelva», habrá que discutirlo con la comunidad, porque «Huelva no podemos apagarla».

Así, Moreno ha abundado en la importancia de contar con todas las partes implicadas para encontrar la solución que satisfaga a la mayoría, «entendiendo por todas las partes al sector productivo agrícola de Huelva, a los agricultores afectados por la actual ordenación de la zona, y a los ecologistas. Entendemos que al 100% es imposible, que siempre habrá alguno que no esté totalmente satisfecho, pero si conseguimos entre todos dar con la tecla y que la mayoría quede contenta yo estaré satisfecho, porque será un éxito colectivo».