El PP destaca que su reforma de la Ley de Costas evitaría demoliciones y supresión de viviendas en las playas de Huelva

Los senadores del Partido Popular de la provincia de Huelva, Juan Manuel González y Carmelo Romero, han presentado la iniciativa legislativa que el PP ha llevado a la Cámara Alta para modificar la Ley de Costas con el fin de «brindar protección a las familias afectadas por su aplicación en el litoral de nuestra provincia«.

Un tema histórico que «afecta a numerosas familias con propiedades desde Almonte hasta Ayamonte y que actualmente están en vilo dada la desprotección jurídica de los centenares de personas que, teniendo viviendas legales en el litoral desde hace muchas décadas, ven amenazadas sus construcciones por los nuevos deslindes de dominio público», ha explicado durante su intervención Juan Manuel González.

La propuesta de modificación de la Ley de Costas, la cual recibió luz verde en el Senado durante el último Pleno, se centra en la protección de núcleos urbanos de tipología tradicional. González explicó que «esta propuesta busca evitar la demolición o supresión de viviendas que existieran antes del deslinde y estén integradas en el entorno costero, por considerarlas patrimonio cultural, histórico o turístico».

El texto recoge el problema de los propietarios que adquirieron inmuebles antes de la Ley de Costas de 1988 o que se han visto en primera línea de playa debido a su retroceso por el cambio climático.

El Senador expresó su preocupación por «la incertidumbre generada por las recientes disposiciones normativas, que han llevado a muchas familias a enfrentarse a posibles órdenes de demolición o confiscación de sus propiedades sin recibir compensación alguna». Enfatizó que esta situación es «inaceptable y deja a las personas en una situación de vulnerabilidad».

La propuesta presentada por el Grupo Popular incluye disposiciones específicas que se pueden aplicar para proteger los núcleos urbanos costeros en la provincia de Huelva, asegurando que cumplan con ciertos requisitos culturales, históricos o etnográficos. Además, propone un proceso en el que intervengan las tres administraciones públicas (Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamientos) para tomar decisiones de manera transparente y justa.

González hizo hincapié en que la propuesta busca «resolver problemas sin ceder a criterios ideológicos, protegiendo el ecosistema litoral sin comprometer los derechos de los propietarios y conservando el patrimonio cultural», y apeló a la responsabilidad de todos los actores involucrados para «trabajar juntos en la búsqueda de soluciones justas».