Recreativo

Todos los detalles de la denuncia del Recre Trust contra Comas

18.26 h. El Trust de Aficionados recreativistas ha elaborado una denuncia que expone varios posibles delitos. Uno de ellos es una pignoración, al pedir un préstamo a un banco con el dinero del club como aval para comprar acciones de la entidad. Otro delito fiscal se refiere a la falta de declaración del IVA y también podría existir un un posible delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como de falsedad documental, además de un daño patrimonial al club. También al renunciar a los correspondientes derechos que le correspondía por el traspaso del jugador Marco Ruben.

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En Onda Cero Huelva dieron más detalles de la denuncia que presentará hoy el Trust ante sus socios y de los puntos en los que se cimentará de cara a una posible querella, según ha recogido Albiazules.es. El ‘Recreativo Supporters Trust’ celebra asamblea, en la que tomarán si así deciden por mayoría los socios, el presentar una denuncia por la vía penal por presuntos incumplimientos y hechos a denunciar, pro supuestos o presuntos delitos cometidos por Gildoy España en la administración del Recreativo de Huelva.

Hoy Onda Cero Huelva ha informado en su programa ‘Onda Deportiva’ de la base de la denuncia que se dará a conocer esta tarde. Esta se cimenta en varios puntos, siendo el primero “de una pignoración de fondos propios del club para la concesión de un préstamo o aval por parte del Banco Espíritu Santo a Gildoy España, o a Pablo Comas, para suplir y subscribir la ampliación de capital de esta sociedad con el fin último de la compra de acciones del propio club. Dicen en la base de esta denuncia que esta actuación podría suponer un delito de asistencia financiera y viciaría de nulidad de la compra-venta de las acciones por parte de Gildoy-España, tipificado en el artículo 81 de la Ley de Sociedades Anónimas. Que en fecha de 14 de agosto del 2012 se producen la sentencia aprobatoria del convenio, quedando constituidos la comisión de control y seguimiento del mismo, con fecha del 5 de septiembre del 2012. Que en abril de 2013 la administración concursal, ante el impago de los honorarios realizó un requerimiento a la entidad Banco Espíritu Santo para que fueran liberados fondos de titularidad del club, en orden a que fueran regularizados sus honorarios. Y que no se atendió, contestando a la entidad financiera que sobre esos importes existían trabas de terceros Posteriormente a fecha del 25 de noviembre del 2013 se realizó un segundo requerimiento a dicha entidad, con indicaciones claras y concretas de una posible desobediencia judicial. Finalmente fueron atendidos. Entienden, quienes redactan la demanda, que debe citarse a declarar a los administradores concursales, así como a la entidad Banco Espíritu Santo, ya que dichos fondos que eran de titularidad del club se encontraban a efectos, a una operación de activo a las personas indicadas por parte de la entidad financiera“,explicaron en el citado programa.

El siguiente punto en la denuncia sería el de “un posible delito fiscal por falta de declaración del IVA, contando para ello con indicios tales como las propias declaraciones de Víctor Hugo Mesa, anterior accionista de Gildoy España, en diferentes medios de comunicación. En las que afirmaba que las cantidades que estaba recibiendo el club se hacían sin realizar la correspondiente declaración de IVA, siendo ello constituido de un posible delito de responsabilidad penal, tipificado en los artículos 305 y siguientes del Código Penal“.

También se recoge “un posible o presunto delito contra el derecho de los trabajadores, en los artículos 311 y siguientes del Código Penal. Para ello entienden en el Trust que es necesario citar a declarar a varios de los trabajadores que han sido despedidos, para ejercer su derecho de manifestación. Cabe recordar que fueron despedidos por parte del club después de que se manifestaran, en una fecha determinada, siendo los portavoces del actual personal administrativo, al que se les adeudaban varias mensualidades y se les puso en la calle“.

Asimismo se añade en la denuncia “un posible delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, en los artículos 305 y siguientes del Código Penal. No ingresar las retenciones correspondientes de los trabajadores, según los informes de la auditoria y cuentas anuales, de los ejercicios 2011/2012 y 2012/2013, constituyendo un presunto delito continuado“.

El quinto punto de la denuncia es el de “un presunto delito fiscal, de falsedad documental en documentos mercantiles, en los artículos 390 y siguientes del Código Penal, constituyendo todo ello una insolvencia punible por parte de los administradores, al no incluir en las cuentas anuales las partidas que se mencionaban en la auditoria, como la deuda de 1,046 millones de euros con la Agencia Tributaria y los créditos concedidos a la Fundación Recre por 529.000 euros que debían ser considerados de dudoso cobro. Esto se fundamenta por el informe de auditoría de la temporada 2013/2014“.

Por último entienden que “ha podido existir un daño patrimonial al club, debido a la actuación de los administradores a realizar anticipos por importe de casi 400.000 euros en el ejercicio de la 2012/2013 a cuento de un proyecto técnico de una futura Ciudad Deportiva, en los terrenos situados junto al Nuevo Colombino. Dicho importe, dicen que fue recuperado por la sociedad a través del socio mayoritario de Gildoy España, según se indica en la página 32 de la memoria de cuentas de la temporada 2013/2014. Solicitan el soporte documental de las transferencias o pagos realizados, en las fechas en las que se realizó y si de verdad existe el proyecto, a que gabinete técnico o profesional se le encomendó, así como el soporte documental para que Gildoy asuma dicho anticipo, en cargo a la cuenta corriente con el socio. Además, entienden que también ha podido existir un daño patrimonial al club, al renunciar a los correspondientes derechos que le correspondía por el traspaso del jugador Marco Ruben, por parte del Villarreal al club ucraniano del Dinamo de Kiev. Se tenían que haber ingresado 800.000 euros y solo se ingresaron 250.000“.

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