El runrún: El nuevo restaurante de Xanty Elías

¿Les llegó la hora a los ‘piratas’? Reconozcámoslo: ¿Quiénes de nuestros lectores menores de cuarenta años puede presumir de no haber descargado o usado nunca contenido de internet protegido por derechos de autor, ya sea música, películas, programas informáticos o videojuegos? Estamos seguros que pocos, muy pocos. Hasta ahora, España ha sido un paraíso del pirateo, al nivel de potencias mundiales como Rusia o China, fundamentalmente porque la descarga ilegal de contenido no ha estado penalizada socialmente como sí ocurre en otros países occidentales. Otra cosa es la Ley, que en el caso español nunca ha sido lo suficientemente expeditiva como para disuadir a quienes consideran que todo lo que pasa por su ordenador es de dominio público. Quizá por ello ha causado tanto revuelo la campaña emprendida por un bufete de abogados en la que reclaman distintas cantidades económicas a usuarios particulares por descargar series y películas en sus equipos domésticos. Las alarmas han saltado porque, si bien no es la primera vez que sucede –ya había ocurrido en el País Vasco con abonados de Euskaltel–, esta vez hablamos de cientos, quizá miles de usuarios en toda España ‘gracias’ a los datos de conexión facilitados por la compañía Movistar, que ha ‘vendido’ a sus clientes –dicen que por mandato judicial– señalándolos con el dedo. El caso es que estos abogados contratados por varias productoras están pidiendo 100 euros por cada capítulo descargado y 150 por cada largometraje, más 300 euros como gastos de investigación, lo que supone un mínimo de 400 euros y en según qué casos un auténtico capital. Si es usted uno de los reclamados o teme serlo por razones obvias (ser o haber sido cliente de Movistar y haber incurrido en estas prácticas), lo primero que recomiendan los expertos es, de momento, no abonar ningún tipo de cantidad al despacho de abogados, sino esperar a que esta reclamación cristalice en una posible demanda ante los juzgados. Se trata de algo poco probable por el coste que supondría para los denunciantes abrir semejante cantidad de procesos judiciales, además siendo incierto su desenlace debido a lo inconsistente de las pruebas recabadas, empezando por el hecho de que tener el nombre del titular que contrató la conexión a internet no identifica a la persona que hizo esas descargas. Es posible, por tanto, que la estrategia no sea otra que realizar estas reclamaciones de forma masiva confiando en que un porcentaje de usuarios, por miedo, pase por caja para evitar supuestos males mayores en los tribunales. Porque sentencias, al menos en el País Vasco, ya las hay, en unos casos condenando al ‘pirata’ y en otros exculpándolo. Lo que está claro es que, aunque de momento sólo le haya ocurrido a clientes de Movistar o Euskaltel, es muy probable que pronto sean los de otras compañías los que reciban estas inquietantes cartas.