encuentro institucional con el coaf
La Subdelegación recomienda a las comunidades de propietarios acudir a la justicia en caso de ocupación ilegal
18.12 h. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, ha mantenido este jueves una primera reunión institucional con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Huelva (COAF), David Toscano, en la que han abordado las principales inquietudes de las comunidades de vecinos de la provincia.
Entre ellos, la preocupación de los propietarios por la ocupación ilegal de viviendas, ante lo cual, Grávalos ha recordado que es clave la denuncia de los propietarios para agilizar la labor de la justicia y los Cuerpos de Seguridad puedan actuar.
Toscano ha trasladado a la subdelegada la preocupación de la COAF y sus representados por la ocupación ilegal de viviendas, una problemática con especial incidencia en los municipios de la costa onubense y que conlleva problemas de seguridad y salubridad, al afectar tanto al orden público como a la convivencia entre los vecinos al producirse enganches ilegales a la luz o al agua que acaban costeando los propietarios.
El presidente del COAF ha abogado por establecer un protocolo de actuación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) actúen con determinación, especialmente en aquellos casos vinculados a colectivos o individuos que extorsionan a los legítimos propietarios para sacar provecho económico.
Además, Toscano ha lamentado la actitud de entidades bancarias propietarias de viviendas que no han atendido sus obligaciones y han dejado multitud de edificios abandonados y sin que nadie responda por ellos.
En este sentido, Grávalos ha recordado que para combatir la ocupación ilegal de viviendas es clave e imprescindible la pronta denuncia de los propietarios, a fin de que se pueda agilizar la labor de la Justicia, se lleven a cabo juicios rápidos y se impongan las medidas cautelares necesarias que permitan la actuación de los Cuerpos de Seguridad para llevar a cabo de forma inmediata los desalojos.
La Policía Nacional o la Guardia Civil no puede ir a una vivienda y desocupar a las personas que han entrado de forma ilegal sin que antes exista una denuncia por parte de sus propietarios y una decisión judicial que permita el desalojo, ha remarcado la subdelegada.
Asimismo, Grávalos ha apostado por una mayor colaboración y coordinación con jueces y fiscales para agilizar todo el proceso, al tiempo que ha pedido a los administradores de fincas colegiados que transmitan a los propietarios la necesidad de denunciar para poner en marcha todos los mecanismos que existen para combatir la ocupación ilegal de viviendas.
Por último, la subdelegada y el presidente del COAF han coincidido en resaltar la necesidad de una interlocución directa y fluida entre las administraciones y el Colegio para responder a las inquietudes de los onubenses y sumar fuerzas para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos.
