EL FISCAL PIDE DOS AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL
El ex alcalde del PP de Almonte, de nuevo al banquillo por presunto acoso laboral y prevaricación
17.42 h. La causa arranca de la denuncia de la jefa de Policía Local del municipio, después de que Domínguez y su edil de Seguridad colocaran al frente del Cuerpo a un agente de la escala básica.
El ex alcalde del PP de Almonte, José Antonio Domínguez, se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados como presunto autor de delitos de prevarivación, acoso laboral y lesiones a raíz de una denuncia presentada por la jefa de la Policía Local, Francisca Borrero, después de que el ex regidor reorganizara el Cuerpo y colocara al frente del mismo a un agente de la escala básica.
La causa, pendiente de señalamiento de juicio, tiene su origen en el decreto (2012) de Domínguez, por el que nombró a un agente como responsable de Operativos de Seguridad, desplazando a la jefa del cuerpo policial, que en reacción impugnó la decisión del entonces alcalde en vía judicial
El caso siguió su trayectoria y el Juzgado de lo Contencioso-Admnistrativo 1 de Huelva declaró que el decreto no era ajustado a derecho por incurrir en vulneración de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, al otorgarle a una agente de la Escala Básica funciones propias de la Escala Ejecutiva.
A pesar de este fallo, el ex alcalde y el ex concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Curto, abusando de su relación de superioridad, no depusieron su actitud, y mantuvieron como mando responsable dentro la Policía Local durante los años de 2012 a 2015, al oficial que no ostentaba la capacitación necesaria, nombrándolo coordinador de operativos como el Plan Romero, dejando al margen a Borrero a la que se relegó a materias como notificaciones, formación o violencia de género, mantiene la Fiscalía de Huelva en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Huelva24.com.
La jefa de Policía llegó a presentar numerosos escritos en el Ayuntamiento ante la situación de hostigamiento y humillación, pidiendo participar en actividades propias de su competencia y denunciado en la situación de acoso en la que se encontraba, lo que se obvió por parte de los acusados.
La Fiscalía solicita para el ex alcalde y el ex concejal de Seguridad de Almonte un año y 6 meses de cárcel por acoso laboral, otro año de prisión por el delito de lesiones y por el delito de prevaricación, 12 y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público respectivamente. Además, exige una indemnización de 16.000 euros a la jefa de Policía.
