El PA achaca la situación de la chirla a 'la dejación de funciones' y pide 'estudios científicos sólidos'

En rueda de prensa, tras mantener una reunión con pescadores y armadores del sector de la chirla, González ha señalado que lo primero es mostrar el apoyo y la solidaridad con el sector y lo segundo es atender a sus reivindicaciones, según ha informado el PA en un comunicado.Para Pilar González, está claro que el sector asume su responsabilidad en que los caladeros estén afectados, pero también es responsabilidad de las Dirección General de Pesca y de la Consejería, que han hecho dejación de sus responsabilidades de control y vigilancia.En este sentido, ha pedido a la Dirección General de Pesca y a la Consejería de Agricultura y Pesca que realice un informe científico, sólido, que se atenga al criterio de precaución y al enfoque ecosistémico, para saber en qué situación real se encuentran los caladeros y saber si es posible o no seguir con la pesca de la chirla. Sin esos estudios, las decisiones políticas serán meras conjeturas, ha añadido.  La situación del sector es catastrófica, ha señalado la secretaria regional del PA, quien ha añadido que casi 2.500 familias de las distintas modalidades pesqueras del Golfo de Cádiz van a estar en paro a partir de primeros de año y hay que darle soluciones y no sólo ayudas compensatorias. En esta línea, ha hecho hincapié en que el tratado de pesca alternativa que propone la Junta de Andalucía es una mentira que llevará a la ruina al sector pesquero andaluz.Por su parte, Manuel Rodríguez Suárez, miembro del comité local, responsable de pesca de Isla Cristina, ha señalado que es injusto que la chirla italiana, siendo de menor tamaño, menor grosor y menor control en la comercialización, se esté consumiendo en toda España, a lo que ha añadido que, la nuestra, la del Golfo de Cádiz, de mejor calidad y que sólo se diferencia por un milímetro, no se deje comercializar, cuando está demostrado que desde los 21 ó 22 milímetros se puede consumir y vender.Para Rodríguez, el sector pide la reanudación de la actividad, solicitando una rebaja en la talla de un milímetro, de 25 a 24, el mantenimiento de la tara en 200 kilos y aumentar en dos horas el horario de trabajo, por el tiempo de traslado de los barcos de poniente a levante. A su juicio, la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, desconoce este sector y, según dice, basándose en unos informes de Instituto Español de Oceanografía, que no son estudios científicos, argumenta que la sostenibilidad del caladero pasa por dejarlo inactivo un periodo de tiempo, que no determina.