Funcionarios denuncian ante la Inspección la falta de cobertura de puestos en Huelva

El Sindicato Andaluzde Funcionarios (SAF) ha presentado un escritoante la Inspección de Servicios para denunciar la grave situación que atraviesael Departamento de Energía de la Delegación Territorial de Economía,Innovación, Ciencia y Empleo, con variasplazas dotadas sin ocupar tras la resolución del último concurso de méritos,resuelto el pasado 27 de marzo de este año.

 SAF ha advertido dela necesidad de que dichos puestos sean ocupados por personal funcionariohabilitado para realizar las funciones de la Jefatura del Departamento, las de asesor técnico en el Departamento deMinas y otras plazas de estructura de carácter administrativo de la Delegación.De esta forma, “se cumpliría la normativa vigente con todas las garantías de potestad pública y se facilitaría el desarrollode los servicios públicos”.

El pasado mes de junio el Sindicato Andaluz de Funcionariosenvió otro escrito a la Delegación Territorial solicitando que se convoquen las plazas, según el sistema deprovisión previsto en el Decreto 2/2002, pero aún no ha obtenido respuesta.Así, según denuncian, esta situación “implica a funcionarios trabajando en unservicio que carece de referente en laestructura orgánica, como la Jefatura de Departamento, y la encomienda defunciones de las asesorías técnicas a puestos base”.

 Con estas denuncias-un total de tres en el mes de octubre,en la Delegación de Salud y Bienestar Social, Delegación de Agricultura, Pescay de Medio Ambiente y Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo-,SAF se hace eco del “malestar existenteen el funcionariado de la provincia de Huelva ante la imposibilidad de promocionar a través de la convocatoria deartículos 30, puesto que se exige autorización de salida previa. Autorizacióndenegada casi sistemáticamente por las Delegaciones denunciadas y sumado alincumplimiento de la legislación vigente sobre la convocatoria de concurso deméritos que establece un plazo de 6 meses”.

Según SAF, “estedesprecio a la legalidad vigente en detrimento de los funcionarios estáafectando a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, a la vezque supone un riesgo de garantías en la actuación de la Administración Pública”.Por ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios “se reserva el derecho a llevara cabo cuantas acciones legales tenga asu alcance para regularizar esta situación, aunque pide a la Administración queacceda a la vía del diálogo, abierta en varias ocasiones por SAF, y nodelegue las decisiones a los fallos de los jueces, un coste completamenteinnecesario cuando la legislación vigente es tan clara”.