Dos policías identifican a los marineros acusados y coinciden en que 'ellos descargaron el hachís'

Durante la segunda sesión del juicio a nueve personas que supuestamente conformaban una red acusada de introducir en España entre febrero y agosto de 2012 un cargamento de hachís procedente de Marruecos y que fueron detenidos en ese mes de agosto cuando una embarcación fue interceptada en el puerto de Huelva con un cargamento de 750 kilos de esa sustancia, dos policías, que vigilaban en el interior del puerto el día de los hechos, han identificado a los tres marineros y al patrón del barco y han coincidido en que estaban descargando el hachís, algo que ayer negaron estos marineros.Así, ambos agentes han asegurado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva que mientras uno de ellos hacía tareas de vigilancia, bajaba los fardos del barco al muelle, mientras que los otros estaban en el interior de la embarcación descargando la droga. A su vez, también colocan en el lugar al presunto cabecilla de la red, P.R.G., que introducía los fardos en su vehículo.Además de otros agentes, ha declarado el inspector jefe de la Udyco y ha asegurado que tras intervenir los teléfonos pudieron comprobar que tanto el presunto cabecilla como sus dos hombres de confianza, su hijo P.R.B., y un amigo de este, J.M.F., estaban en continuo contacto telefónico y en las conversaciones hablaban de mercancías y barcos, aunque en clave y muchas veces no se entendían ellos mismos.A su vez, ha manifestado que ambos realizaban viajes a Marruecos para contactar con los proveedores, de lo que era informado el padre y presunto cerebro de la red, el cual acudió una de las veces a este país y también se ponía en contacto con el patrón de la embarcación, y cabe recordar que ambos se conformaron con los hechos pero no con las penas.Sobre este último, el inspector ha señalado que tenía constancia de que tenía problemas de liquidez y al parecer P.R.G., hizo gestiones para que le permitieran echar gasoil en el barco porque tenía cortado el suministro por una deuda de 8.000 euros.Durante la sesión de este martes, los tres marineros de la embarcación aseguraron que el patrón del barco, también acusado, les amenazó con no contratarles si no transportaban el cargamento en la embarcación.En su declaración, uno de los marineros insistió en que ellos cuando salieron a faenar desde El Puerto de Santa María (Cádiz) no sabían que un barco marroquí iba a realizar un cargamento de hachís en el barco, que lo hizo en alta mar.En este sentido, manifestó que conocían que la situación económica del patrón no era buena y otro de ellos aseguró que este le dijo que si salía bien la cosa, lo iba a convidar. Otro marinero precisó que no colaboraron en cargar el hachís ni en vaciar el barco una vez en el puerto onubense, así como que no conocía al resto de los acusados, excepto a uno de ellos, P.R.G, presunto cabecilla de la red.Por su parte, el resto de los acusados, excepto uno de ellos, se conformaron con los hechos pero no con las penas, aunque reconocieron que los teléfonos intervenidos eran suyos. A su vez, letrados de las defensas solicitaron la nulidad de las escuchas telefónicas y uno de ellos de todo el procedimiento.El otro acusado que declaró, con el que el presunto cabecilla mantenía supuestamente continuo contacto, indicó que es amigo de su hijo y que viajaba a Marruecos por su cuenta a ver a su novia.Los hechos, según el fiscalEl fiscal considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y cometido en condiciones de extrema gravedad, por el uso de embarcación; de un delito de pertenencia a grupo criminal y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Por ello, pide para los acusados entre dos y ocho años de prisión y multas millonaria que ascienden a los 22 millones de euros para cada uno.El Ministerio Fiscal considera probado que los acusados para el ejercicio de su ilícita actividad se relacionaban entre sí jerárquicamente, teniendo establecido un sistema de comunicaciones telefónicas en clave a través de los cuales se informaban acerca de la existencia del cargamento y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de introducción y alijo de la sustancia estupefaciente.La Fiscalía considera que la jefatura y dirección del grupo delictivo era ejercida en todo momento por el acusado P.R.G., quien mantenía con otros dos un permanente contacto, tanto de carácter personal, como telefónico, a fin de impartir instrucciones y coordinar la actividad de dicho grupo.Por su parte, otros dos acusados eran quienes, siempre bajo la supervisión de su jefe y padre del primero, se ocupaban de negociar la entrega de la droga por parte de los proveedores marroquíes, viajando a dicho país cada vez que fuera necesario, precio que debían pagar, calidad de la misma y coordenadas de desembarco, así como de obtener adelantos económicos para poder repostar el barco que debía recoger el alijo.El barco del que debía servirse el grupo era el llamado 'López Santana' cuyo patrón, el acusado A.L.Ma y siempre bajo las órdenes del también acusado P.R.G., debía recoger la droga en alta mar, una vez desplazada hasta el punto del alijo por los proveedores marroquíes.La trama se completaba con la actuación otros tres acusados quienes habían sido captados para las labores de recogida del alijo y realización de tareas de descarga, en la que también participarían otras dos personas.El grupo contaba con el auxilio de MZ.V.Ca., trabajadora de una tienda de telefonía móvil, quien aprovechando el acceso que por razón de su trabajo tenía a las bases de datos de la compañía, emitió tres contratos a sabiendas de que en realidad los iba a recibir uno de los acusados, quien había superado ya el número de contrataciones de tarjetas prepago autorizado legalmente. El juicio continuará este jueves con la lectura de los informes finales y está previsto que quede visto para sentencia.