La Agencia de Protección de Datos investiga el sistema de videovigilancia en las oficinas de la cárcel de Huelva

Por ello, desde Acaip se solicitó formalmente a la dirección del centro información relativa al caso y, pasado un tiempo, se trasladó la situación a la Agencia de Protección de Datos. La respuesta de la dirección no contrastó a muchos de los extremos solicitados. Lo cierto es que la Agencia de Protección de Datos, con sede en Madrid, ha transmitido que “en la actualidad está realizando actuaciones previas de Inspección” al objeto de “determinar con la mayor precisión posible, si los hechos pudieran justificar, en su caso, la incoación de un procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas”.

Según informaciones aparecidas en medios de comunicación “los funcionarios no podrán ser grabados en vídeo en su puesto de trabajo”, ya que no será de aplicación para los empleados públicos la Sentencia del Tribunal Constitucional que avala el uso de cámaras sin consentimiento en una empresa privada para comprobar malas prácticas”. La Agencia de Protección de Datos afirma que debe asegurarse que las acciones dirigidas a la seguridad y vigilancia en los Centros de trabajo no contravengan el derecho fundamental de captación y grabación de imágenes personales, evitando que permita, por ejemplo, la identificación del sujeto. La Ley Orgánica de Protección de Datos prohíbe dicha toma de imágenes, si no media el consentimiento del afectado.

Dada la controversia creada por la instalación del sistema de videovigilancia en zonas de oficinas, donde “teóricamente” tan sólo tienen acceso funcionarios de la institución penitenciaria, y el plazo legal tan amplio marcado para el desarrollo de las actuaciones de la Inspección, Acaip ha solicitado formalmente a este organismo la suspensión cautelar de dicho sistema de videovigilancia, por el riesgo de vulneración de derechos individuales de especial protección, reconocidos en el Título I de la Constitución española.

Por último, el sindicato señala que queremos manifestar una vez más nuestra voluntad de diálogo y colaboración con los problemas del centro, mostrando nuestra aportación para la mejora de la situación presente, con una actual gestión del Centro Penitenciario de Huelva que adolece de falta de consenso, opacidad e ineficacia.