AECO denunciará el incumplimiento de la Ley de Morosidad

El sector ha asegurado que no descarta futuras movilizaciones en la provincia onubense si no se atienden las peticiones formuladas, a lo que ha añadido que todo esto se debe a la situación insostenible del sector de la construcción, afectado no sólo por la crisis económica generalizada sino también asfixiados ante la falta de financiación y la morosidad sufrida por parte de las administraciones.Según AECO, la Junta de Andalucía y la mayoría de los ayuntamientos de la provincia son las principales deudoras de las empresas de la construcción, por lo que reclaman al Ejecutivo andaluz, además de pagar, debe controlar las deudas de otros entes de menor escala, buscando mecanismos para que las atiendan, ya que es incompresible que las corporaciones locales reciban transferencias económicas del Estado o de la Comunidad Autónoma, participaciones en los impuestos, créditos, ayudas, subvenciones para actividades o nuevas obras, cuando aún no han atendido las deudas pendientes.Las constructoras defienden la inversión pública como el arma más potente que puede tener un gobierno para potenciar el crecimiento, tanto por su carácter anticíclico inmediato sobre la actividad económica, como por el empleo que genera. Según datos de AECO, por cada millón de euros desembolsados en infraestructuras, el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000 euros, y por cada millón que se recorta, 18 puestos de trabajo menos.Así, en total, el recorte en Huelva desde el año 2008 ha supuesto una desinversión de unos 1.056 millones de euros, pese a estar recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, ha asegurado el sector, quien ha solicitado la nulidad de las modificaciones del Plan Estatal de Vivienda ya que supone la paralización y el final de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), así como una prórroga en las 'Medidas de Impulso Económico y de Acceso a la Vivienda' promovidas por la Junta de Andalucía.Por todo ello, AECO ha solicitado a su vez un mayor control de la legalidad en las contrataciones, obligando al riguroso cumplimiento de la Ley de Contratos, que exige garantías antes de contratar las obras, entre las que se incluye la certificación de existencia de crédito, así como la fiscalización previa de la intervención.Además, han advertido que la morosidad, sumada al tijeretazo en las licitaciones de obra pública, está ocasionando el cierre indiscriminado de las empresas constructoras onubenses.