Reclaman cámaras de seguridad y refuerzo nocturno para el centro de menores de Huelva
El sindicato CSIF denuncia que sus escritos a la Delegación de Inclusión Social han sido ignorados y lamentan el «desamparo» de los trabajadores
Exigen a los responsables políticos que tomen conciencia del grado de peligrosidad al que se exponen diariamente
La Fiscalía pide el internamiento en régimen semiabierto para los menores implicados en la agresión a una educadora en Huelva
Hospitalizada una educadora social tras sufrir un 'mataleón' por parte de un joven de un centro de menores de Huelva
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la instalación de cámaras de seguridad y el refuerzo del personal durante el turno de noche en el Centro de Protección de Menores de Huelva para extremar la seguridad de los empleados públicos. Esta exigencia se produce después de que una educadora social fuese hospitalizada la pasada semana tras ser atacada por un interno mediante la técnica del 'mataleón', que la dejó inconsciente mientras cubría sola el servicio nocturno. La agresión ocurrió cuando tres jóvenes planearon robar sus móviles, custodiados en un despacho. El autor material se encuentra fugado, mientras que la Fiscalía de Menores ha solicitado el internamiento en régimen semiabierto para los otros dos implicados.
Ante la «precaria y preocupante» situación, el sindicato ha detallado una serie de medidas concretas que ya ha solicitado por escrito a la Delegación Territorial de Inclusión Social, sin haber obtenido respuesta. La principal demanda es la instalación de un circuito cerrado de seguridad en las zonas permitidas por la ley. A esto se suma la contratación de un servicio de vigilancia externo que refuerce la protección tanto de los empleados como del resto de usuarios del centro. CSIF considera «imprescindible» aumentar la dotación de personal en el horario nocturno, ya que actualmente solo lo cubre un único trabajador, como quedó de manifiesto en la reciente agresión. El paquete de peticiones materiales se completa con la solicitud de teléfonos móviles para facilitar la comunicación entre trabajadores y la instalación definitiva del 'botón del pánico'.
El responsable del sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF Huelva, Emilio Gallango, ha insistido en que las administraciones «deben tomar conciencia del grado de peligrosidad» al que se enfrenta el personal. Por ello, además de los medios técnicos, el sindicato exige la elaboración de un plan de prevención de riesgos laborales y psicosociales. Asimismo, reclama que «ha de reconocerse de oficio y con carácter inmediato el plus de peligrosidad» para estos empleados, un derecho que, según recuerdan, está garantizado por los órganos judiciales desde el año 2017.
Gallango ha destacado que CSIF lleva años reivindicando un aumento de los recursos materiales y humanos a través de escritos y reuniones «sin que haya habido una respuesta eficaz». Como ejemplo, ha señalado el «caso omiso» a la solicitud de un protocolo específico de agresiones para centros de menores y residencias de mayores, así como de un protocolo sanitario para la detección de enfermedades infectocontagiosas. «Reclamamos medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores y un clima de convivencia adecuado para proteger, asimismo, a los menores del centro», concluyó.
Las reivindicaciones de CSIF para el Centro de Protección de Menores no son un hecho aislado, sino que se suman a una larga lista de denuncias que el sindicato viene realizando desde hace años en otro sector especialmente vulnerable: el sanitario. Las demandas para proteger a los profesionales de la sanidad de las agresiones tienen un claro paralelismo con las exigencias actuales, planteando un patrón de inseguridad que afecta a distintos colectivos de empleados públicos. Medidas como la instalación de cámaras de seguridad, la dotación de botones antipánico o la presencia de personal de vigilancia son reclamaciones constantes tanto en centros de salud como, ahora, en centros de menores. Este problema compartido evidencia, a juicio del sindicato, una falta de respuesta por parte de la administración a la que acusan de no tomar las medidas suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores en puestos de alta exposición.
