En compás de espera hasta nueva fecha el juicio por presunta prevaricación contra el exalcalde del PP de Almonte

El juicio contra el exalcalde del PP de Almonte, José Antonio Domínguez – ahora en las filas de VOX-, y el exconcejal de la misma formación José Carlos Curto, por presunta prevaricación por la contratación supuestamente irregular de una técnica en el Ayuntamiento, con informes en contra del departamento municipal de Intervención, ha quedado aplazado hasta nueva fecha.

En la vista, señalada para este 14 de noviembre en el Penal 4 de Huelva, la defensa planteó como cuestión previa la legitimación de la acusación popular en la causa, de manera que el juicio queda en compás de espera hasta que el juzgado resuelva,  cuando se volverá a señalar juicio, han confirmado desde la Fiscalía de Huelva y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 

Ambos acusados se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía de Huelva de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público (más las costas procesales) como presuntos autores de un delito de prevaricación.

Entre 2011 Y 2015 , los acusados contrataron hasta en tres ocasiones a F.R.B. como técnica en el Ayuntamiento “sin seguir los principios esenciales del proceso de contratación”, mantiene el fiscal en sus escrito, y existían incluso informes de reparo del interventor en el que daba aviso de que la contratación chocaba con las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento, y que además existía personal en el Ayuntamiento que podía desempeñar sus funciones.

A la técnica se le contrató primero entre mayo de 2012 y marzo de 2013, sin que se hiciera antes Ia oferta preceptiva al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y sin proceso de selección, añade la acusación pública, “obviando los más elementales principios de acceso a la función pública y obedeciendo la contratación a la mera voluntad de los acusados”. Posteriormente, entre a abril de 2013 y marzo de 2015, el Ayuntamiento la volvió a contratar siguiendo las mismas pautas, sostiene la acusación.

Los ahora acusados recibieron la advertencia cuando gobernaban a través de informes de reparo del interventor accidental del Ayuntamiento de Almonte que avisaba además que las contrataciones chocaban con lo dispuesto en la ley presupuestaria para ese año.