El pleno de Almonte vuelve a votar la zona azul de Matalascañas y los propietarios avisan: «La vamos a denunciar»
La sesión plenaria de este jueves volverá a abordar la polémica implantación del aparcamiento regulado en el núcleo costero
La asociación de propietarios ya se asesora legalmente para recurrir la medida
Nuevo revés a la zona azul de Matalascañas: la concesión vuelve a paralizarse
Almonte sigue adelante con la zona azul de Matalascañas: los empadronados en el núcleo costero no tendrán que pagar
El pleno del Ayuntamiento de Almonte volverá a abordar este jueves la implantación de la zona azul en Matalascañas. Tras cerca de dos años de intentonas del equipo de Gobierno de Francisco Bella, frustradas por distintos recursos, reparos de los propios técnicos municipales o del tribunal contractual, el pleno volverá a votar la concesión del servicio de gestión de la zona reguladora de aparcamientos en el núcleo costero, que previsiblemente obtendrá luz verde.
Así, ante la probable aprobación, la Asociación de Propietarios de Matalascañas ya ha anunciado que la decisión será llevada a los tribunales, y advierte de que «existe jurisprudencia a nuestro favor». Lo explica Juan Gómez, el presidente del colectivo, que señala lo «discriminatorio» del pliego del Ayuntamiento, donde se exime del pago a empadronados en Almonte o a quienes paguen allí el sello de circulación, pero «no a los propietarios de Matalascañas, que somos los que sostenemos con nuestros impuestos buena parte del municipio, aportando más del 65% a los presupuestos«.
Además, los propietarios cuestionan la legalidad de que el Ayuntamiento pretenda llevar a cabo la adjudicación sin que se haya aprobado aún la ordenanza municipal que regula las zonas de aparcamiento. «No sabemos cómo se ha diseñado, si hay estudios que garanticen la seguridad una vez los aparcamientos estén implantados, o cómo se van a distribuir. No hay ordenanza, pero sí quieren que haya ya concesión«, reprocha Gómez, asegurando que ya se está en contacto con abogados especializados en derecho administrativo para recurrir la medida.
El colectivo asegura sentirse además «despreciado» por el alcalde de Almonte, al que afirman haber solicitado cerca de una decena de veces una reunión en la que «exponerle nuestras quejas y tratar de llegar a un entendimiento». Sin embargo, nunca han obtenido respuesta, lo que interpretan como «una falta de respeto absoluto a quienes pagamos religiosamente todo el año, aunque nada más estemos un par de meses en el municipio, en el que, por cierto, el abandono cada vez es más manifiesto».
Un proceso lleno de reveses
La puesta en marcha de la zona azul en Matalascañas se ha convertido en un camino plagado de obstáculos para el Ayuntamiento de Almonte. El procedimiento comenzó en 2024, pero desde entonces ha recibido varios reveses judiciales y administrativos que han frenado su implantación.
El primer revés llegó en abril de 2024, cuando la propia secretaria general del Consistorio tumbó el pliego de condiciones por contravenir la ley. Meses después, en febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta obligó a reformular el contrato, lo que supuso la segunda paralización del proceso. Desde entonces, rediseños y nuevas licitaciones, también paralizadas cautelarmente ante recursos, que según señalan desde la Asociación de Propietarios seguirán, incluso, una vez aprobada.
El Ayuntamiento de Almonte ha defendido desde el inicio que el objetivo de la zona azul es «cubrir la demanda de estacionamientos en las zonas objeto de regulación», garantizando un «uso equitativo de los espacios disponibles» en un núcleo donde la escasez de plazas de aparcamiento es evidente durante la temporada alta. El contrato salió a licitación por un valor superior a 38,9 millones de euros (sin IVA), con una duración de 30 años y sin posibilidad de prórroga, e incluye una estimación inicial de 6.600 plazas distribuidas en tres categorías según la cercanía a la playa.
Sin embargo, el proyecto tiene en contra a los propietarios, que denuncian un trato discriminatorio, ya que las exenciones y reducciones se limitan a empadronados y trabajadores en el núcleo costero, y a la oposición, que considera la medida una pesada hipoteca para el futuro de Matalascañas.
