La Junta denuncia ante la Fiscalía el nuevo expolio arqueológico y el Ayuntamiento establece un vallado provisional

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva ha elevado a Fiscalía la denuncia de un nuevo 'expolio', tras la realización de movimientos de tierras, en dos parcelas de la zona arqueológica de Huelva -de titularidad pública y pertenencientes al Ayuntamiento y a la propia Junta-, concretamente en el sector B3 Santa Marta-La Orden, una zona inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz dentro de la Zona Arqueológica de Huelva, siendo por tanto Bien de Interés Cultural (BIC).

Según han informado a Europa Press desde la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, tras denunciar los hechos el pasado viernes ante el juzgado de guardia y el Seprona, hoy han elevado esta denuncia a Fiscalía, aunque desde el Ministerio Fiscal señalan que no tienen conocimiento de ello.

Por su parte, el Ayuntamiento de la capital, titular de una de las parcelas, ha iniciado expedientes de protección de la legalidad urbanística y sancionadores a los responsables del movimiento de tierra de estas dos de titularidad pública, se ha personado en la causa y ha instalado una valla provisional en la zona que le pertenece.

Tras un primer aviso sobre movimiento de tierra, la Policía Local y técnicos de Urbanismo activaron de manera inmediata un procedimiento, identificando al maquinista de la retroexcavadora que estaba efectuando los trabajos, probablemente para utilizar la zona como aparcamiento teniendo en cuenta la cercanía de un mercadillo de venta ambulante.

Una vez que se tuvo constancia de la falta autorización para las actuaciones, la autoridad urbanística decretó la paralización de la actuación, tras lo cual se han iniciado los trámites para la apertura de los expedientes.

El pasado viernes, en declaraciones a Europa Press, la delegada de Cultura en Huelva, Carmen Solana, precisó que fue personal del área de Urbanismo del Ayuntamiento el que había alertado de estos movimientos de tierra a la Junta, motivo por el que un grupo de técnicos, dirigido por el jefe de servicio de Bienes Culturales, realizó una inspección en la zona. Tras la misma, se pudo comprobar que estos movimientos habían provocado un rebaje del terreno cercano a los dos metros en algunas zonas.

Por todo ello, la Junta elevó los hechos a los juzgados ya que los mismo podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio. Del mismo modo, remitió unos oficios a los propietarios de estas parcelas -la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento- instando a la paralización de estos movimientos y a su vallado.

La delegada manifestó que se trata de un hecho lamentable, que demuestra que sí que hay una parte de la población concienciada al respecto pero otra no.