trama de los ERE fraudulentos
El PP pide que se investigue las ayudas a Astilleros de Huelva
13.25 h. El PP andaluz ha pedido a la juez Mercedes Alaya, encargada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, que investigue los expedientes administrativos íntegros y los pagos de las subvenciones excepcionales otorgadas por la administración autonómica a Astilleros de Huelva el 15 de diciembre de 2011 por valor de cinco millones de euros.
El PP andaluz ha pedido a la juez Mercedes Alaya, encargada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, que investigue y requiera al Consejo de Gobierno los expedientes administrativos íntegros, completos y foliados de las subvenciones excepcionales otorgadas por la administración autonómica a Astilleros de Huelva el 15 de noviembre de 2011, así como cuanta documentación obre en las dependencias de la Consejería de Empleo en relación a los mismos, incluidos los pagos que se hayan realizado y la justificación del beneficiario.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Sevilla la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, quien ha asegurado que su partido considera que estas ayudas son ilegales porque revisten carácter ilícito penal al incumplir tres normas o directrices.
La primera, según ha argumentado, es la orden de 1 de abril de 2011 por la que se modificaron las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por ERE para dar un mayor rigor a las mismas. Martínez ha insistido en que tras la publicación de esta orden se han seguido dando ayudas excepcionales e ilegales porque prescinden precisamente de esta normativa.
Además, las subvenciones de más de cinco millones otorgadas en noviembre de 2011 a Astilleros, según el PP-A, incumplen igualmente la Ley General de Subvenciones, que solo permite ayudas excepcionales cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario que dificulten su convocatoria pública, y también las directrices de la Intervención General de la Junta acerca de este procedimiento y que establece de forma clara que no conlleva carácter excepcional cuando exista normativa reguladora de la subvención. Martínez ha aclarado que ninguno se estos otros dos supuestos se cumplen porque no había dificultades para la convocatoria pública de las ayudas, ya que la orden de 1 de abril de 2011 también efectúa la convocatoria, y porque existía normativa reguladora.
Por todo ello, la 'popular' ha señalado que su partido se rearfirma de la A a la Z en todo lo declarado ayer su presidente Juan Ignacio Zoido y ha acusado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de callar en la Cámara autonómica todo lo que sabe de los ERE y enviar, en su lugar, a su guardia pretoriana, Mario Jiménez, a atacar al PP-A dando un ejemplo esperpéntico y ridículo tras el fracaso de la comparecencia del jefe del Ejecutivo autonómico.