UGT interpone hasta 31 demandas para recuperar la paga extra de los empleados públicos

La Federación deServicios Públicos de UGT Huelva ha iniciado una ofensiva judicial contra la supresión de la paga extra de diciembre de2012, impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, que se suma  las actuaciones que UGT está haciendo a nivelnacional. En concreto, son 31 lasdemandas interpuestas por la representación de los trabajadores de UGT en losdistintos organismos y empresas públicas, a través de los serviciosjurídicos del sindicato.

En principio, estas demandas van dirigidas solo al personal laboral, ya que, enprimer lugar, el periodo de reclamación judicial se limita a un año (son cuatroen el caso de los funcionarios); y en segundo lugar, porque la formulación deestas demandas en caso de los funcionarios tendrían que ser a nivel individual,lo que, con la nueva ley de tasas judiciales, supondría, en caso de que sólo serecuperasen los 44 días devengados, undesembolso equiparable al posible beneficio obtenido, y eso en caso de quedichas demandas se estimaran favorablemente.

Es por ello que desde la Federación de Servicios Públicos deUGT se ve como fórmula más aconsejableesperar a la resolución de sentencias y solicitar la extensión para losfuncionarios.

Los Ayuntamientos demandados son los de Huelva, Almonte,Lepe, Alonso, Arroyomolinos de León, Bonares, Cala, Campofrío, Lepe Cortegana,Isla Cristina, Jabugo,  Minas deRiotinto, Niebla, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Juan del Puerto,Valverde del Camino, Villarrasa, La Zarza y Zufre. Además también hanpresentado demanda, como entidades públicas afectadas, la Empresa Pública delDeporte Andaluz, la Mancomunidad de Islantilla, el Consorcio Provincial deBomberos de Huelva, el Patronato Municipal de Deportes de Huelva, el Serviciode Gestión Tributaria de Huelva, EDIA y DECONSA (estas dos últimas del serviciode ayuda a domicilio de la ley de de dependencia).

La Federación de Servicios Públicos de UGT avala estasdemandas con las innumerables sentenciasfavorables que en este sentido se están produciendo a lo largo de todo elterritorio nacional. Marisa FernándezSantiago, secretaria general de dicha federación,  pone a disposición de “cuantos empleados yempleadas públicas se hayan visto afectados por esta medida tan mezquina, losservicios de asesoramiento del sindicato. Una vez más, es la Unión General deTrabajadores y, en concreto, su Federación de Servicios Públicos quien, de unamanera masiva, acomete judicialmente contra las injusticias de las que estánsiendo objeto los empleados y empleadas públicas de nuestra provincia”.