La Fiscalía admite la denuncia presentada por CCOO contra el Puerto de Huelva

Para los representantes sindicales, esta decisión de la Fiscalía demuestra que “la denuncia que hemos presentado tiene una fuerte solidez”, a la vez que han anunciado que “CCOO continuará con la causa y se presentará como acusación particular para que se diriman sin que quede ningún género de duda, las responsabilidades penales que emanan de las acciones incluidas en la denuncia, y que incluyen la supuesta comisión por parte de los máximos representantes de la Autoridad Portuaria de Huelva, de hasta 7 delitos, especialmente graves los referidos a delitos medioambientales, prevaricación, malversación y contra el derecho de los trabajadores”.

Igualmente, durante la rueda de prensa, los representantes de CCOO han denunciado “presión por parte de la Autoridad Portuaria de Huelva a los representantes sindicales, una presión que se venía ejerciendo desde que la actual directora tomara el cargo, pero que se ha incrementado desde que se formulara la denuncia criminal”. En este sentido, el secretario general del Sector del Mar a nivel estatal de CCOO, José Pérez ha afirmado que “denunciamos esta situación de presión ante los medios de comunicación, pero también queremos hacerle llegar a la presidenta del Puerto que no vamos a cejar en nuestro empeño de que se esclarezcan los hechos denunciados, y que la presión que pueda ejercer contra CCOO de nada servirá ya que no vamos a parar de presentar ante la Justicia aquello que consideramos es susceptible de ser investigado por haber indicios de la supuesta comisión de un delito”.

Denuncia ante la Fiscalía

En este sentido, recordamos que según recoge la denuncia presentada, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva “supuestamente ha cometido delito de prevaricación en tanto que, en su condición de autoridad-funcionaria pública, ha dictado a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria de fecha 17-07-2013 según la cual se adjudicó a Sandetel los trabajos contenidos en la asistencia técnica para la renovación tecnológica, modernización, mejora de seguridad y gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones de la APH con un presupuesto de inversión de 1.134.237,85 euros” aún cuando “el Ministerio de Fomento (organismo competente en Puertos del Estado) a través de informe jurídico de Puertos del Estado, desaconsejó categóricamente dicha adjudicación”.

Mas allá “la presidenta se ha saltado a sabiendas las instrucciones de la Ley 30/2007 del 30 de octubre, de contratos del sector público y la orden ministerial del Ministerio de Fomento 4003/2008 de 22 de julio al no haber presentado informe justificativo de la necesidad; ni mesa de contratación; ni licitadores; ni pliegos; ni procedimientos de adjudicación, etc… todo ello con el supuesto objetivo de entregarle a SANDETEL todo el negocio informático”.

Por otro lado, el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado igualmente “la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000”.

En este caso, se estarían cometiendo delitos medioambientales recogidos en el Código Penal, así como “un delito de fraude de subvenciones en tanto que la Presidencia de la APH obtuvo una subvención a través de los fondos Feder comunitarios de más de 120.000 euros supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos, ya que no sólo ocultó las evaluaciones de la Red Natura 2000 y de Impacto Ambiental sino que, para cubrir formalmente la exigencia del Estudio de Impacto Ambiental supuestamente incluyó fraudulentamente en el expediente dos escritos antiguos del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 19 de diciembre de 2007 y del 8 de enero de 2009, emitidos respecto a la primera fase de ampliación Sur del mismo muelle, pero que carecían de validez con respecto a la segunda fase, y todo ello, supuestamente porque se le cumplía el plazo para cobrar los fondos Feder de esta segunda fase (Programa 2008-2013)”.