'No se puede hablar de una situación ni generalizada ni alarmante de abusos a temporeras en Huelva'

Los supuestos abusos de temporeras que han salpicado al sector agrícola en los últimos años y que se extendieron más allá de las fronteras nacionales son “estadísticamente insignificantes” y, en el caso de aquellos supuestos que saltaron a Europa, la mayoría acabaron por desinflase al llegar a los juzgados.

Las afirmaciones llegan de boca del fiscal de Extranjería de Huelva, Miguel Ángel Arias Senso, en esta unidad desde 1997, en un análisis del aspecto penal de las denuncias que han salido a la luz. “Una cosa es la dimensión mediática y otra la penal”, dice en una entrevista a Huelva24.com. En el marco del Protocolo de Prevención de Trata de Seres Humanos que existe en Fiscalía “nunca ha habido ni denuncias masivas ni supuestos extremadamente graves Si estuvieran sucediendo cosas muy graves en el campo, nos enteraríamos”, sostiene.

En función de las informaciones que llegan desde las fuerzas policiales (Guardia Civil y Policía Nacional) y de las ONGs que trabajan sobre el terreno, Arias descarta que en la provincia se dé una situación “ni alarmante ni generalizada” de estos abusos. “En la Fiscalía no tenemos conocimiento ni existen indicadores de que se dé una situación de violencia sexual. Que pueda haber casos aislados y sean sangrantes, sí; que pueda haber un encargado que pueda molestar a varias trabajadoras, aprovechando la situación de vulnerabilidad y que es un mundo bastante opaco, sí. No es ni mucho menos una situación ni generalizada ni alarmante”.

De hecho, la Fiscalía ha formulado pocas acusaciones en los últimos años y no hay condenas recientes. Las que se conocen son de años atrás. En 2020, se incoaron en Fiscalía cuatro procedimientos contra el derecho de los trabajadores, de los que dos son en el sector agrícola, y no se abrió ninguna causa por abusos sexuales en el campo.

Respecto a las denuncias que saltaron hace dos y tres campañas, considera que se produjo “una sobredimensión informativa” y concreta que, de aquellos supuestos, algunos están archivados y otros han llegado al juzgado “con calificaciones mucho más suaves porque no se han podido probar las denuncias. Estamos hablando de situaciones que estadísticamente son insignificantes”.

El fiscal de Extranjería advierte, sin embargo, de la responsabilidad y consecuencias para las empresas. En una reunión que mantuvo hace dos años con el sector (Interfresa), le trasladaron la elaboración y puesta en marcha de un plan ético. “El plan interno está bien pero que hay una normativa en el ámbito penal que es de aplicación a las personas jurídicas. Deben de tener unos protocolos específicos, empresa a empresa, que les lleve a detectar la posible comisión de un delito, de tal manera que luego no se les tenga que dar con el Código Penal. Si hay un manijero que está incurriendo en ciertas circunstancias, la empresa tiene que tener capacidad de filtro y control sobre esa situación. Aunque son pocos casos, ni si siquiera esos deben producirse”.