Vivienda traslada a la familia de la menor que vive frente al pederasta que “no puede hacer nada”

“Dicen que no pueden hacer nada, que tenemos una vivienda en propiedad y que somos nosotros los que tenemos que vender nuestra casa”. La madre de la menor de 11 años que vive frente al pederasta que abusó de ella, en El Torrejón, ha salido “desolada” de la reunión mantenida esta misma mañana con la delegada onubense de Fomento y Vivienda, María Villaverde. La delegada –según ha explicado a huelva24.com la madre- le ha trasladado que la administración regional no puede ofrecerle otra vivienda ni comprarle la suya, pues “dice que la ley no se lo permite; que no pueden ayudarnos de ninguna manera”.

“Me han asegurado que lo que falla es la ley, que ellos no pueden hacer nada, y se han comprometido a hablar con el delegado del Gobierno y con el subdelegado para analizar mi situación, aunque eso de poco me sirve. Nosotros lo que necesitamos es abandonar el barrio ya, y la casa llevo intentando venderla dos años y no hay manera”, explica.

Así, y tras esta “gran  decepción”, la madre de la menor pretende ponerse en contacto directamente con el defensor del Pueblo –y del Menor- para “ver cómo nos puede ayudar”, además de “ampliar” la denuncia por amenazas y coacciones no ya sólo contra el agresor, al que acusa de quebrantar sistemáticamente la orden de alejamiento, sino también contra varios miembros de la familia de éste que, según asegura, han llegado a amenazarla de muerte.

El último episodio violento, según  relata, tuvo lugar al aparecer unas pintadas en la fachada del colegio Onuba, situado a escasos metros del domicilio del pederasta, y en el propio bloque de viviendas donde éste reside, en la avenida de las Flores. En las pintadas, realizadas con spray, se alerta de la presencia de un pederasta en la zona y se insta a los padres a tener cuidado con los menores.

“Yo no las hice, pero su familia la pagó conmigo. Le dieron patadas a mi coche y me amenazaron, a mí y a mi marido, mientras la niña estaba en casa con un ataque de nervios y se enteraba de todo”, cuenta. “Me dijo la propia Policía que esperase y no denunciase este episodio hasta habernos ido del barrio, para no complicar más las cosas, pero he hablado con mi abogada y hemos decidido ponerlo ya en marcha, porque después me dirán que por qué he esperado tanto y perdería credibilidad”.

“Cuanto antes me vaya de aquí mejor, porque tengo a toda la familia enfrente, y así no podemos vivir”, asegura, relatando que las amenazas de la familia de él –que también es la de su marido, pues el agresor es tío político de la niña- se han llegado a producir incluso delante de agentes de Policía Local. “Sucedieron un día que precisamente venía yo de una sesión con la psicóloga y me los encontré en la calle, y llegaron a decirme que nos iban a pegar dos tiros en la cabeza. La historia siempre se repite, y la Policía me dice que la orden de alejamiento no está clara –la sentencia impone 20 metros sobre la menor y sus padres-, así que una y otra vez estamos igual, y de verdad que así no podemos seguir”.

“Claro que nuestra lucha es que este hombre entre en la cárcel y pague por lo que le hizo a mi hija y por la actitud que ha seguido teniendo después, pero si tenemos que seguir esperando una nueva sentencia firme tenemos que hacerlo fuera del barrio. Mi hija pregunta, ve cómo la miran, y aunque yo intento que no esté pendiente a esta gente, la niña es una niña y le afecta todo esto mucho”, sentencia, alertando de la segunda victimización que está padeciendo la menor y el “daño psicológico” que se le está causando “tanto a mí como a mi hija”.