La UE informa de que Atlantic Copper no estaba incluida en el Plan de Emergencias el día de la fuga por el apagón

El texto definitivo del plan de emergencia exterior se deberá enviar a la Comisión de Protección Civil de Andalucía para el comienzo del trámite de aprobación. La duración de este proceso, debido a su complejidad con la intervención de diferentes organismos, se prevé que dure unos 15 meses aproximadamente.

A este respecto, la Mesa de la Ría, que considera demostrado que los ciudadanos de Huelva han estado sometidos a unos riesgos para los cuales no existía un plan de emergencia adecuado, asegura haber recogido 2.600 firmas para la exigencia elaboración de un plan de emergencia de riesgos químicos transparente, público y participativo, que aportará a la Comisión Europea. De hecho, apunta que se ha personado en el trámite de elaboración del Plan de Emergencias del que las autoridades Onubenses responsables han tratado de excluir su participación. Personada la Mesa de la Ría en la redación del citado Plan de Emergencia, la Delegación Territorial de Economía, Innovación y Empleo resolvió el 31 de octubre de 2014 que no procedía entregar a ésta organización el “informe de seguridad de riesgos inherentes a los Accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas de las instalaciones Atlantic Copper S.L.U”, resolución que fue recurrida por Mesa de la Ría y que la Administración ha estimado favorable en una comunicación recibida en el día de ayer.

Por otro lado, la Mesa de la Ría considera que el informe de Bruselas (ver documento adjunto) no da respuestas a otras denuncias formuladas, en relación a lo que ocurrió aquel 12 de octubre en Huelva, ni a las hospitalizaciones que se produjeron en la ciudad y que no se comunicaron a las autoridades europeas tal y como exigen las directivas al respecto, señala la asociación. El documento tampoco responde a la falta de captadores o estaciones medidoras de contaminación de la zona sur de la Ciudad, por donde discurrió aquella peligrosa nube tóxica, añade el colectivo ecologista.

Igualmente, el colectivo echa en falta una respuesta relativa a la devolución de las subvenciones públicas que las autoridades han otorgado a la empresa filial 100% de la Freport Macmoran de Henry Kisinger, un total de 10.130.169 €, de los que 4.767.809 € corresponden a subvenciones e incentivos de la  Junta de Andalucía y 5.362.360 € corresponden a incentivos donados por el Estado Español, escondidos en 'mejoras ambientales' que no lo son. El informe tampoco contempla —añade el comunicado— las subvenciones otorgadas después de la denuncia de Mesa de la Ría, que en su conjunto suman mas de 11 millones de euros. Estas subvenciones, según la asociación ambientalista, fomentan la competencia desleal con otras industrias Europeas que operan conforme a parámetros ambientales y de seguridad extremadamente superiores a los de la fundición de cobre de Huelva, mientras que esta empresa pone en riesgo la salud y seguridad de los onubenses.