La Junta dice que la farmacia de la calle Concepción no se pudo incluir como BIC por «estar ruinosa»
La delegada de Turismo indica que la administración andaluza «no incoa expedientes a edificios ruinosos porque no tiene sentido»
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La delegada de Cultura y de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, ha señalado que el edificio de la antigua farmacia de la calle Concepción de la capital no se pudo incluir en el expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) sobre lugares relacionados con el pintor onubense José Caballero porque se recibió una alegación de los propietarios «con una sentencia que señala el estado ruinoso del mismo«, además de un informe técnico municipal, toda vez que ha recalcado que la Junta »no incoa expedientes a edificios ruinosos porque no tiene sentido«.
En declaraciones a Europa Press, Herrera ha contestado al PSOE que ha acusado a la Junta de «sacar la farmacia del expediente de lugares relacionados con el pintor onubense José Caballero».
De este modo, la delegada ha insistido en que se ha seguido «rigurosamente» el proceso, toda vez que ha explicado que inicialmente en la incoación del expediente del BIC «estaba incluida tanto la casa como la farmacia», pero en el tiempo de alegaciones, la delegada ha asegurado que recibieron «una alegación por parte precisamente de los titulares, que decían que tenían una sentencia judicial que indicaba que el establecimiento se encontraba en estado ruinoso».
Informe técnico
Por tanto, la delegada ha subrayado que la Junta «no incoa ningún edificio que se encuentre en estado ruinoso, porque no tiene sentido ninguno». Al respecto, Herrera ha detallado que, tras esta alegación, se pidió un informe técnico al Ayuntamiento que «avalara que evidentemente se encontraba en ese estado». «Y así fue. Nos enviaron por parte del Ayuntamiento un informe técnico, muy riguroso, donde nos comunicaban que el inmueble se encontraba en estado ruinoso. Con lo cual, argumentaba más y avalaba más a la Comisión de Patrimonio, que es la que decide que no se haga la incoación».
Así, según ha proseguido Herrera, se llevó el estado del edificio a la Comisión de Patrimonio y, ante esos dos grandes avales, la sentencia judicial y un informe técnico, que coinciden en el estado ruinoso en el que se encontraba el edificio, se decidió no seguir hacia adelante con la incoación«.
«No tiene sentido que le pidamos a los propietarios que mantengan el estado ruinoso. Por ello, no había nada más que hacer con ese edificio, muy a pesar nuestro«, ha recalcado.
Al respecto, ha indicado que la Comisión de Patrimonio «cuando toma una decisión de estas características, lo hace avalado con un instrumento que es el marco normativo» y en este caso «viene avalado por una decisión judicial, que señala que su estado es ruinoso y hay que derribarlo por la inseguridad que provoca«.
Además, ha querido dejar claro que la Junta «no decide el derrumbe, sino el Ayuntamiento«, por lo que »la Delegación solo decide si seguir con el expediente de incoación y, por lo tanto, la protección«.
No obstante, la delegada ha preguntado al PSOE que «en tantos años que han estado en el Gobierno por qué no se ha planteado nunca el proteger ese edificio, por qué han esperado tanto tiempo, y han dado el edificio en ruina«, ya que ha insistido en que cuando se inició la incoación »el edificio ya está en ruina«.
«Si hubiese estado protegido en su momento, hubiesen tenido herramientas suficientes para poder seguir pidiendo la conservación y el mantenimiento. Cuando nosotros iniciamos el procedimiento de incoación, ya está en ruina«, ha abundado.
Se podría haber evitado
Al respecto, ha subrayado que «se podría haber evitado, a lo mejor, esta cuestión, pero no el actual ejecutivo», sino, «mucho tiempo atrás», porque un edificio «no llega a ruina por pura casualidad, llega porque no se ha tenido el adecuado mantenimiento y porque no han tenido nunca la sensibilidad de llegar a pensar que ellos podían haber hecho este expediente de incoación, porque no lo han hecho».
Por último, Herrera ha defendido que ha sido un proceso «abierto y transparente a todos los ciudadanos», ya que «ha tenido un proceso de alegaciones donde han tenido oportunidad todas las partes de pronunciarse, pero no lo han hecho tampoco». «Entonces, estas son decisiones que no se han hecho a escondidas, sino en un proceso de Comisión de Patrimonio y el acta a disposición de todos los ciudadanos», ha concluido.
