Suspensión cautelar del procedimiento de licitación de la nueva balsa de dragados del Puerto de Huelva

El Tribunal Central de Recursos Contractuales, máximo órgano encargado de resolver los recursos que se interponen contra las decisiones de las entidades contratantes del sector público, ha estimado la petición de Mesa de la Ría de suspender el procedimiento de licitación, puesto en marcha por la Autoridad Portuaria de Huelva, que pretende construir una nueva balsa para el depósito de los residuos procedentes del dragado de la Ría dentro del paraje natural Marismas del Odiel.

Para Mesa de la Ría, «el procedimiento de licitación carece de multitud de informes y autorizaciones necesarias, en su mayoría de carácter medioambiental», por lo que recurrió la licitación a este órgano, que en la resolución remitida al colectivo estima que «el análisis de los motivos que fundamentan la interposición del recurso pone de manifiesto que los perjuicios, que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender cautelarmente éste hasta el momento que se dicte la resolución del recurso».

Por su parte, desde el Puerto de Huelva han confirmado a Huelva24 que el Tribunal Central de Recursos Contractuales le ha solicitado un informe «que ya ha sido elaborado y remitido, estando pendiente de que se emita su resolución«, aunque espera que »dicho tribunal dé la razón al Puerto y éste continúe con su procedimiento«.

Procedimiento que ha quedado cautelarmente suspendido, «sin que ello afecte al plazo de presentación de ofertas, como expresamente ha comunicado este Tribunal Administrativo y como ha indicado el Puerto de Huelva en la Plataforma de Contratación donde se tramita«.

Para Mesa de la Ría, dicho proyecto requiere previamente de la tramitación de una Autorización Ambiental Unificada ante la Junta de Andalucía, así como de diversos informes necesarios para la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental favorable. Por otro lado, a juicio de esta organización, se incumple además la legislación europea en materia de empleo de los fondos Next Generation para proyectos con impactos significativos en los espacios protegidos por la red europea Natura 2000.