El silencio te hace cómplice

¿De verdad nadie va a decir nada de la modificación de la Ley de Costas? ¿De verdad no se va a decir nada del expolio que supone esta modificación? Esta modificación de la Ley de Costas amnistía a las construcciones privadas que con usos privativos afectan al dominio público.Esto es como si cualquiera se fuera a vivir dentro del Ayuntamiento o montara un restaurante en la casa Colón; eso sí, sólo lo puedes usar los próximos 75 años.

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El mensaje se envía a la ciudadanía y a los municipios (y a esos concejales corruptos, ávidos de dinero y poder), a los que se les dice: “construye que algo queda”. Este mensaje es sangrante en Andalucía, donde la Ley permite que el Patrimonio del Estado se pueda vender en cuatro municipios (el 45% de los 11 amnistiados) y más de la mitad de estos están en Huelva (la ría de Punta Umbría, el casco urbano y el Caño del Cepo de Isla Cristina). Si se puede vender, ¿alguien querrá comprarlo? ¿estamos especulando con el dominio público? 

Es evidente que si a alguno de los lectores se le ocurriera montar un apartamento para uso y disfrute propio en la sede de la Diputación, inmediatamente le echarán. Bueno, pues con la actual Ley de Costas usted puede comprar cualquier chalet de la ría de Punta Umbría (en dominio público, es decir, de todos) y disfrutar de él los próximos 75 años. ¿Cuál es la diferencia?

Dirán, sin embargo, que esto ya estaba pasando. Aunque la Ley de Costas anterior dejaba como dominio público 100 metros desde la ría, piensen cuántas viviendas estaban en situación ilegal en Punta Umbría, y quién salió beneficiado con esto. Con todo, la actual Ley de Costas deja como dominio público sólo 20 metros.

Por cierto, ¿qué ha dicho el PP de Punta Umbría, que presentó un recurso de reposición alegando que la oferta de venta incumplía la Ley de Ordenación de Urbanística de Andalucía (LOUA)?

En Huelva la situación se complica dado que la ley excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. 

Sin olvidar las balsas de fosfoyesos, asunto que ya se ha tratado en este espacio, o la pérdida de actividades tradicionales como la pesca, el marisqueo o el baño en la recordada playa La Gilda, en la punta del Sebo, las posibles zonas de esparcimiento, sin entrar en la contaminación por metales pesados.

Justifican con más caradura que vergüenza que con esta modificación se pretende “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Es decir, que los extranjeros con propiedades ilegales en España son bienvenidos y los que no tienen propiedades no se les permite el acceso al médico.

Pero, a pesar de mi enfado con estos personajes, que ayudan un poco más a los que más tienen permitiendo ilegalidades a través de amnistías, lo que peor llevo es el silencio, las posturas claras y las posiciones radicalmente opuestas de la Junta, de los ayuntamientos, de los grupos de oposición, de los medios de comunicación... Qué pasa, ¿todos están en el mismo barco? Basta de atropellos.

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