Derecho a decidir

A todo ello se suma la reforma de la ley del aborto, un proyecto infame que ataca a la libertad de las mujeres y arrebata derechos conseguidos en los últimos treinta años.

La norma que pretende aprobar Gallardón elimina el derecho que desde 2010 tienen las mujeres a abortar sin exponer ningún motivo durante los primeros meses de su embarazo. Si se aprueba la reforma, el aborto será delito excepto en los casos de riesgo para la salud mental o física de las mujeres y violación. Además, en ambos casos se tienen que dar ciertos requisitos, como informes médicos y denuncia previa en caso de violación, y obliga a la mujer a una semana de reflexión antes de interrumpir el embarazo.

Esta es una ley inútil, cruel, hipócrita, integrista y machista. Es inútil porque el aborto ha existido siempre y siempre existirá. A lo largo de la historia, muchas mujeres han recurrido a él ante un embarazo no deseado, utilizando métodos más o menos peligrosos o viajando a países donde era legal cuando en España aún era un delito. Una ley no puede reducir los abortos, porque la mujer que quiere interrumpir un embarazo encontrará el modo de hacerlo. Por tanto, lo único que se puede conseguir con esta reforma es condenarlos a la clandestinidad. Tendremos los mismos abortos, pero previo pago o poniendo en riesgo la vida de las mujeres.

Es una ley cruel porque, aún estando en los dos supuestos en los que el aborto es legal, se condena a la mujer a denunciar una violación aunque no quiera o a un doloroso peregrinaje de médico en médico pidiendo informes que le permitan abortar, viéndose juzgada por su decisión y soportando además ver cómo pasa el tiempo, y progresa un embarazo que no desea. Y finalmente, cuando consigue superar los trámites, debe “reflexionar” una semana más. Todo esto es de una crueldad intolerable y muestra una terrible falta de respeto y comprensión por parte de nuestro gobierno.

Resulta bastante obvio que es una ley hipócrita. Protege al feto, pero se desentiende de las personas. La malformación en el feto ya no es un motivo para abortar de forma legal pero, al dejar sin financiación la ley de la dependencia, el gobierno se ha desentendido de los discapacitados. No existen ayudas para los padres, pero los obliga a tener un hijo con malformaciones aunque no quieran. Y para colmo el ministro dice que esta ley es beneficiosa para las personas con discapacidad porque fomenta la igualdad… no se puede ser más hipócrita.

Es una ley integrista porque da respuesta a las demandas de un sector muy minoritario de la sociedad, relacionado con el ala más conservadora de la religión católica. Habría que recordarle al ministro que gobierna para todos los españoles (para nuestra desgracia) y no sólo para su confesor.

Para terminar, es una ley machista. El aborto afecta a la mujer y son ellas las que ven robado su derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Son las mujeres las que sufren las secuelas del aborto, y las únicas que tienen derecho a decidir. Además, la ley se ha presentado con un tufo paternalista, ya que según el ministro, la mujer es una víctima del aborto y la exculpa del delito. Parece que volvemos a los tiempos en los que la mujer se consideraba menor de edad mental y otros tomaban sus decisiones, ya fuera el padre, el marido, el médico, el juez o el cura. O en este caso el ministro. 

No, señor Gallardón. Las mujeres no sólo somos víctimas. Tomamos nuestras decisiones, para bien o para mal, pagamos las consecuencias y somos responsables de nuestros actos. Cada uno debe decidir en conciencia lo que quiere hacer con su cuerpo o con su vida, y para ello debe tener libertad para decidir. Ese es nuestro derecho, señor Gallardón, y usted no nos lo puede robar.