La herencia envenenada de Giahsa: enchufismo, despilfarro y sobreendeudamiento
Una auditoria que analiza el año 2021 revela «graves irregularidades» en el 87% de las contrataciones de personal y un 67% de contratos menores sin justificación
La actual presidencia del PP de la MAS busca un cambio de rumbo en la gestión tras heredar de la del PSOE una deuda de 175 millones
Una auditoría revela que el 87% de las contrataciones de Giahsa en 2021 presentan «graves irregularidades»
La auditoría de Giahsa revela también irregularidades en los contratos menores en 2021
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La actual presidencia de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS) tiene la difícil labor de gestionar la herencia envenenada del PSOE en Giahsa. La empresa pública de aguas provincial arrastra 175 millones de euros de deuda y sospechas fundadas de enchufismo y despilfarro, con irregularidades tanto en la contratación de personal como en la adjudicación de contratos menores.
Este es el panorama que dibuja la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), responsable de una auditoria centrada en el año 2021, de la que el presidente de la MAS, Diego del Toro, ha ido ofreciendo detalles de sus conclusiones, a medida que se han ido conociendo, del legado de su antecesora, la socialista Laura Pichardo, que fue quien encargó las auditorías.
Hasta el momento se ha abierto la caja de pandora en varios capítulos y uno de ellos es la contratación del personal. «Corrobora lo que todo el mundo pensaba sobre cómo se hacían las contrataciones en Giahsa», indicó en su momento Del Toro, quien está a la espera de que se conozca, tras el análisis caso por caso, del número de 'enchufados' en la empresa. «En breve lo vamos a poder tener y veremos qué decisiones podemos tomar», resaltó.
El estudio concluye que en el 80% de los procesos de contratación no se publicaban los puestos de trabajo que se necesitaban cubrir y no había un anuncio oficial. Tampoco, en el mismo porcentaje, se nombró a un tribunal competente. En un 20% de los casos no se produjo un oferta pública ni difusión a través del SAE (Servicio Andaluz de Empleo). En ninguno de los contratos se definieron las pruebas selectivas ni la documentación requerida ni se definieron los criterios de desempate. Por tanto, se incumplieron los principios básicos de publicidad, igualdad y transparencia y no se siguió lo que marca el convenio. Además en un 33% de los contratos no se puede confirmar si se realizaron aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos.
En el apartado de los contratos menores, se extrae del análisis que en un 67% de los contratos revisados no figura el informe del órgano de contratación que justifique la necesidad del contrato, ni la resolución de adjudicación, ni la formalización del expediente. En un 27 % de los casos, se observan indicios de fraccionamiento del gasto, al superarse los límites económicos permitidos para contratos menores con un mismo adjudicatario.
Otro área en la que se están escudriñando la información disponible es la de clientes, cuyos datos y conclusiones se espera que nuevamente sean expuestos a la opinión pública.
Un cambio de modelo
El modelo «opaco» anterior «ha minado la confianza» en esta empresa y desde la dirección están comprometidos en un cambio de rumbo con «la transparencia, rigor y servicio público real» como bases para alcanzar el objetivo de que Giahsa sea «referente».
Desde la actual dirección confirman que los resultados arrojados por las auditorías refuerzan la necesidad de continuar ahondando en todos los aspectos de la gestión anterior y actuar para que vuelva a imperar el criterio legal. Estas realidades administrativas «deben ser conocidas, analizadas y corregidas. La ciudadanía espera de nosotros responsabilidad, y eso implica no mirar hacia otro lado ante procedimientos que, según los datos, no se ajustaron a lo que la ley exige», recalcó Del Toro.
Recientemente se aprobó la Ordenanza Técnica de Recogida de Residuos Urbanos, que regula el almacenamiento, recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales de carácter doméstico o asimilable. Esta norma fue elaborada en un proceso de participación.
También se aprobó la Ordenanza No Tributaria reguladora de la prestación patrimonial de los servicios del ciclo integral del agua, así como la Ordenanza No Tributaria para la prestación patrimonial del servicio de recogida de residuos.
Casi 80 millones de euros en comisiones e intereses
La MAS ya reconocido que la subida de las tarifas era una medida indispensable para corregir la viabilidad de la empresa pública y su estabilidad económica. Giahsa cuenta con un lastre de 175 millones de euros de deuda, generada en gran parte al refinanciarse la deuda anterior. Entre 2010 y 2022 se produjeron tres procesos de refinanciación, con unos costes de comisiones e intereses de 79,9 millones.
En este 2025 la entidad ha pagado sólo en intereses 4,3 millones de euros, cifra que aumentará en 2026. Según datos aportados por la sociedad, el vínculo con estas operaciones financieras no expira hasta el año 2040.
El PSOE ve «una cortina de humo»
En respuesta a los datos que ha ido sacando a la luz la actual presidencia de la Mancomunidad de Servicios (MAS), desde el PSOE señalan que «el PP utiliza a Giahsa como cortina de humo para tapar la brutal subida de tarifas que ya sufren los vecinos», como manifestó Juan Antonio García, representante del PSOE de Huelva en Giahsa y alcalde de Bonares.
García indicó que las «supuestas irregularidades» son producto de que el PP «vuelve a mentir y a manipular», intentando desviar la atención. Defendió que los procesos de contratación se llevaron a cabo «con total legalidad y transparencia» durante la etapa socialista al frente de la entidad, cumpliendo «estrictamente» la Ley de Contratos del Sector Público. Apuntó que muestra de la voluntad de transparencia y afán por mejorar es que las auditorías las encargó el propio PSOE.
«Todas las contrataciones públicas están auditadas y aprobadas por unanimidad por los órganos de la entidad, incluidas las mesas de contratación, con el visto bueno del actual gerente, que era y es el responsable del departamento», recordó García.
También recordó García, en otra manifestación previa, que durante los años 2020 y 2021 la «emergencia sanitaria sin precedentes» causada por la pandemia de Covid.19, obligó al Gobierno a abrir «la posibilidad de recurrir a procedimientos extraordinarios de contratación para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales«.
