UPyD apoya a los profesionales onubenses de la Justicia en su petición de retirada de la Ley de Tasas Judiciales

La nueva Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales pone un precio para acceder a la justicia, obstáculo que no es igual para todos. Según su preámbulo, la Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la “tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social” no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamada por el artículo 24 de la Constitución”.Esta justificación, basada en que por el supuesto abuso del recurso judicial imponiendo tasas a los demandantes se les desanimará a presentar recursos y así se logrará el desatasco de la justicia, la consideramos absurda. Para solucionar un supuesto problema de abuso, el Gobierno abusa de aquellos que menos tienen, ignorando que ya existen mecanismos para gravar al que litiga sin base. Desde UPyD se afirma que si el Gobierno deseaba mejorar la situación de la justicia, debería haber abordado su reforma desde otro punto de vista, desde el de los profesionales de la justicia, que podían aportar mejoras y soluciones mucho más eficaces, y sobre todo mucho más justas que estas tasas, que convierten el acceso a la justicia en un derecho al alcance de sólo unos pocos. En lugar de modernizar su estructura o los medios de que dispone, en lugar de dotarla de mayores recursos, y en lugar de abordar el principal problema de la justicia española, su politización, la solución es que pague más el ciudadano que la utilice. La justicia en España, hasta ahora, era lenta y estaba politizada. Ahora, además, será cara. Y esto perjudicará más a los más débiles. Por eso, Unión Progreso y Democracia ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley y ha pedido a la Defensora del Pueblo que la recurra al Tribunal Constitucional.