La defensa de Bretón pide anular como prueba los restos óseos

En declaraciones a los periodistas, el letrado José María Sánchez de Puerta ha manifestado que en su escrito hace referencia a todas las irregularidades en la causa y entre ellas alude a diversas escuchas de conversaciones de él y su cliente; al tiempo que muestra su oposición al procedimiento del jurado que juzgará este caso, entendiendo que en cualquier elección va a ver contaminación de las personas que formen parte del mismo, pues, a su juicio, ya conocen todo el caso por los medios.

Asimismo, cita la ruptura de la cadena de custodia de los restos óseos que se hallaron en la finca familiar de Las Quemadillas, en Córdoba, que él defiende que fueron cambiados, dado que en un principio dos forenses, una de la Policía Judicial y otro de los juzgados, determinaron que eran de animales, según recuerda la defensa en su escrito de calificación; si bien, un año después, cerca de una decena de peritos concluyeron que eran restos humanos.

Además de la violación de derechos fundamentales, en los que menciona el derecho al secreto profesional; el derecho a la intimidad; la inviolabilidad de las comunicaciones, o la inviolabilidad del domicilio, el escrito sobre cuestiones previas advierte de la violación del derecho de defensa, así como del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, reclamando a tal efecto un juicio con tribunal profesional, en vez de con jurado.

Tras presentar las cuestiones previas, Sánchez de Puerta da por hecho que lógicamente va a ver recursos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), o bien por su parte, o bien por la acusación particular, ejercida por la madre de los niños, Ruth Ortiz, o la Fiscalía; por lo tanto esto puede retrasar el procedimiento para la celebración del juicio, ha apostillado el letrado.

De este modo, cuando decida sobre las cuestiones previas el presidente del Tribunal del Jurado, el magistrado Pedro Vela, y éstas estén delimitadas y firmes, entonces se dictará el auto de hechos justiciables, como ha recordado el abogado de Bretón.

Entretanto, Sánchez de Puerta sostiene que son nulas todas las pruebas obtenidas con flagrante violación de los derechos fundamentales y muestra su total disconformidad con el relato de los hechos que efectúa tanto el Ministerio Público, como la acusación particular, que piden penas por 40 años de prisión por dos delitos de asesinato con alevosía, además de indemnizaciones de 600.000 euros y unos dos millones de euros, respectivamente.