A TÍTULO INDIVIDUAL
La presidenta de SOS Bebés Robados Huelva recurre al Constitucional por “indefensión”
9.41 h. Esperanza Ornedo denuncia que la Audiencia Provincial de Huelva archivase su causa –la que investiga el supuesto robo de su hermana en 1968- sin darle a su abogado la oportunidad de interrogar al médico que atendió el parto.
“La jueza de Sevilla, porque el médico declaró allí, tansólo le preguntó si la firma del parte de defunción era la suya. Punto, no dejóintervenir a nadie más”. EsperanzaOrnedo, presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, ha interpuesto un recurso en el Tribunal Constitucionalante la decisión de la AudienciaProvincial de Huelva de archivar sucaso, el que hace referencia a su hermana, una bebé nacida en 1968 en el Hospital Manuel Lois cuya familiasospecha que fue robada.
“Mi madre dio a luz ella sola, en una camilla, y tan sólocuando la niña estaba fuera la atendió una matrona, que la llevó a unahabitación y reconoció al bebé sobre una mesa, delante de mi madre, que vio quesu hija estaba perfectamente”. La matrona se llevó a la pequeña, y lo siguiente que supieron los familiares,que se les dijo, fue que ésta había fallecido. Como prueba, un certificado de defunción firmado por unmédico, que hablaba del aborto de una mujer cuyo embarazo no llegó a término.“Eso no fue lo que pasó. Mi madre dio aluz tras nueve meses y, de hecho, así reza en el documento del negociado del cementerio de aquí deHuelva”.
Con estos indicios, la justicia consideró que habíaposibilidades de que la hermana de Esperanza fuese efectivamente un bebérobado, y ordenó expresamente que elcaso se investigase. Pero el médico que atendió a su madre reside en Sevilla y su toma de declaración serealizó allí, obligando a desplazarse al abogado de SOS Bebés RobadosHuelva “a pesar de haber reiterado sudeseo de que declarase en Huelva, cosa que no se consiguió”.
Pero, según ha indicado Ornedo, “lo más sorprendente delcaso es que la jueza de Sevilla que por exhorto tomó declaración al ginecólogo apenas le hizo un par de preguntas ycuando le tocó el turno al letrado de la acusación particular se le negóexpresamente su turno de preguntas”. Así, “sin una justa causa, la acusación particular se quedaba sin laposibilidad de preguntar al médico cuestiones tan importantes como elporqué firma la asistencia a un parto si la madre de Esperanza Ornedo parió singinecólogo, si estaba cualificado en esa época como ginecólogo-profesionalmente hablando-, si recuerda a personas que le asistieron esanoche, si llegó a firmar algún parte de defunción de otro profesional -médico omatrona- o sólo firmaba los que realmente comparecía, si tenía algunaexplicación de porqué la madre manifiesta repetidamente que parió sola, que laniña salió entre sus piernas sin ayuda de nadie y que nació sana y el parte defallecimiento rellenado por él habla de una criatura abortiva de 6 meses…. Endefinitiva, preguntas muy razonables del únicopilar de este procedimiento, cuya ausencia conlleva una brutal indefensión aesta parte”. Indefensión que además ha originado el archivo de la causa por parte de la Audiencia onubense por “falta depruebas”, al descartarse la posibilidad de “incluir como tal el testimoniode la única persona que podría arrojar algo de luz sobre el caso de mihermana”.
Pero Esperanza Ornedo no está dispuesta a rendirse y poreso, a fecha de hoy, ha presentado un recursoal Tribunal Constitucional al considerar que han sido vulnerados sus derechos, “esperando una respuesta positivade tan alta instancia”.
El recurso se basa en dos pilares: la “tutela judicial no aplicada en la instrucción de su procedimiento”y la “indefensión sufrida por nocontemplarse una correcta tramitación del mismo”, ya que “no nos puedenquitar de un plumazo la única posibilidad que tenemos. Nos tienen que dejar, almenos, preguntar”.
Ornedo piensa seguir luchando, en primer lugar porque“pienso que realmente esto ha sido unataque a mis derechos. Los imputados se pueden acoger a la opción de nodeclarar, de no contestar a las preguntas, o incluso de no asistir a unacomparecencia. Pero no puede ser una jueza la que demuestre esta actitud”; y,segundo, porque el archivo de su causa por falta de pruebas conllevaría algoque teme mucho más, y es que “si el otro recurso saliese adelante y finalmenteel tribunal resolviese la reapertura de los casos –rechazando la supuesta prescripción de los delitos-, el mío se quedaríafuera, no se reabriría”. Algo a lo que ella y su familia no estándispuestos, ya que confían en, tarde o temprano, “poder llegar hasta el finalde este asunto”.