JORNADAS EN LA UHU
La Junta alega ante el TC que la Ley de vivienda evita desahucios y combate la especulación
11.41 h. Elena Cortés asegura que “frente a los informes del Banco de España y de la Sareb, esgrimimos la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
La Junta de Andalucíaha alegado ante el Tribunal Constitucional que resulta evidente y demostrableque la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no hapuesto en peligro en modo alguno durante su vigencia la economía ni la estabilidad del sistema financiero,ni tampoco ha hecho desplomarse el precio de la vivienda ni dispararse la primade riesgo, como sostenía el Gobierno central en su recurso.
Al contrario, argumenta en su escrito el Gobierno andaluz,la norma “puede tener efectos positivos en el equilibrio del sector financieroy en la economía”, ya que sus medidas están diseñadas para que “el efecto dedesinflar la burbuja inmobiliaria sea menos perturbador generando nuevasoportunidades de negocio a los propietarios”, en referencia a la promoción delalquiler, así como encaminadas a“desincentivar el uso especulativo de los activos inmobiliarios”, agravantefundamental de la crisis en España. En el plano de su incidencia favorable enla garantía de derechos, la norma sí ha ofrecido protección a todas laspersonas con problemas para pagar su hipoteca y en riesgo de desahucio.
Las alegaciones de la Junta detallan que durante la vigenciade los preceptos impugnados la prima de riesgo ha bajado; que el precio de la vivienda desciende enAndalucía a menor ritmo que en el resto de España, según datos de enero de2014; que el volumen de compraventa de vivienda en la comunidad es mayor que lamedia estatal, según los últimos datos del INE; y que la reestructuración delsistema financiero ha seguido inalterable.
Así lo ha explicado este jueves Elena Cortés, consejera deFomento y Vivienda, que ha señalado que elGobierno andaluz ha solicitado por todo ello el levantamiento de la suspensióncautelar de la norma antes de agotarse en mayo los cinco meses de plazo quetiene el Constitucional para decidir sobre si la mantiene suspendida o no hastaque haya sentencia.
Las alegaciones se apoyan en el artículo 33 (función socialde la propiedad) y 47 (derecho a la vivienda e impedimento de la especulación)de la Constitución y en el artículo 25 de la Declaración Universal de DerechosHumanos, subrayando también que la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña de2007 contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, sinque se haya producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos.
Función social de lapropiedad
La Junta también incide en “la multitud de resoluciones judiciales que han venido poniendo freno enEspaña a las ejecuciones hipotecarias”, así como en la sentencia de 2013 del Tribunal de Luxemburgo, que declaró contrariaal derecho europeo la normativa española sobre desahucios.
En cuanto al único argumento no económico del recurso del Gobierno,la supuesta invasión de competencias de la Ley al afectar al contenido esencialdel derecho de propiedad, hay dos sentencias que avalan la constitucionalidadde la norma: la 37/1987 de 26 de marzo, sobre la reforma agraria, que estableceque la función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedady que se puede establecer límites al mismo mediante leyes autonómicas; y la61/1997, de 20 de marzo, sobre la Ley del Suelo, según la cual el Gobierno nopuede fijar una legislación uniforme de la propiedad privada y su funciónsocial.
Naciones Unidas,‘Save The Children’ y la PAH
Las alegaciones de la Junta anexan informes de NacionesUnidas y ‘Save The Children’ y un diagnósticoconjunto del Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Cuturales y laPlataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), además de sendos estudiosrealizados por los economistas Juan Torres y Ángel Vilariño. “Frente al aluviónde ideología neoliberal del recurso del Gobierno, frente a los informes delBanco de España y la Sareb, la Junta de Andalucía esgrime la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos”, ha señalado Cortés, que ha participado en la Universidad de Huelva en la inauguración delas Jornadas ‘El derecho a una vivienda digna’.
“La Ley no ha causado ningún daño a la economía, como muestrantodos los indicadores. En cambio, sí haofrecido protección a todas las personas en problemas de su hipoteca, yaque las entidades financieras que iban adesahuciar sabían que si lo hacían se exponían a la expropiación temporal deluso de la vivienda o a sanciones por mantener después el inmueble vacío”,ha afirmado Cortés, que ha recordado que durantelos tres meses en que estuvo en vigor la norma permitió la expropiación de 39viviendas para evitar el desahucio de otras tantas familias en riesgo deexclusión.
“Los datos y los hechos fehacientes demuestran que lasargumentaciones del Gobierno para recurrir la Ley son falsas hasta el ridículoy únicamente se basan en prejuicios políticos y en la voluntad de imponer aAndalucía un camino contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos”,ha señalado la consejera, que ha añadido que “la Ley no pone en peligro laeconomía; el recurso del Gobierno, en cambio, sí pone en riesgo de desahucio alas familias desempleadas, a avalistas, a autónomos, a precarios...”.
Meras predicciones ehipótesis
El recurso del Gobierno sostiene literalmente que la Leyandaluza provoca incrementos de la prima de riesgo y “compromete gravementetodo el proceso de reestructuración del sector financiero español”. El Gobiernoalega en el recurso que, “si cediera el derecho a favor de su función social”,en alusión a la norma andaluza, “desaparecería la propiedad privada”. Elrecurso también señala que la Ley “tiene la virtualidad de poner en verdaderopeligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de laestabilidad de las entidades de crédito para conseguir una reducción de laprima de riesgo de nuestro país”.
El escrito de alegaciones de la Junta señala que el recurso“no se basa en verdaderas cuestiones de inconstitucionalidad”, sino enargumentos económicos que carecen de apoyo empírico, en informes económicos(del Banco de España, de la Sareb...) y en el Memorando de Entendimiento (Mou)que fija las condiciones del rescate financiero a España. A partir de todo ello,señala el escrito de la Junta, el Gobierno compone un panorama ‘ad futurum’totalmente “catastrofista” y “huérfano de apoyatura científico técnica”. Anteello, las alegaciones de la Junta señalan: “No puede perderse de vista que lasuspensión [de la Ley] a quienes perjudica con mayor énfasis es a aquellos quese encuentran en la posición más débil. […] Su situación de emergencia socialno es teórica ni se queda en plano de la hipótesis, sino que es real yacreditada”.
