DE LA JUNTA Y DE GIAHSA
Archivan la causa contra 12 cargos públicos por el vertido de aguas residuales en Marismas de Isla Cristina desde 2015
19.44 h. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha archivado la causa contra 12 cargos públicos, que han ocupado u ocupan en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía o en la mercantil de carácter público Giahsa.
La causa era por el vertido de aguas residuales y fecales que supuestamente se venían realizando al menos desde 2015 en el paraje natural protegido de las Marismas de Isla Cristina, procedentes de la barriada 'Pozo del Camino'. Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala ha acordado el sobreseimiento de la causa al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa. Esta causa fue investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte, cuyo titular consideró que existían indicios racionales para imputar la comisión de un delito contra el medio ambiente, penado con pena de prisión de hasta cinco años, multa e inhabilitación especial, no obstante la Audiencia ha estimado el recurso presentado por estos 12 cargos. 132 especies distintas de avesEn un principio, el juez consideró que, presuntamente, habría existido una notoria dejación de funciones en la detección y control del vertido durante años de aguas residuales sin depuración alguna en el paraje protegido de las Marismas de Isla Cristina, con importante deterioro del ecosistema y la calidad de las aguas. Esta zona está calificada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea y en el cual se han catalogado 132 especies distintas de aves y ocho hábitats de interés comunitario.
Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala ha acordado el sobreseimiento de la causa al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa.
Esta causa fue investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte, cuyo titular consideró que existían indicios racionales para imputar la comisión de un delito contra el medio ambiente, penado con pena de prisión de hasta cinco años, multa e inhabilitación especial, no obstante la Audiencia ha estimado el recurso presentado por estos 12 cargos.
Esta zona está calificada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea y en el cual se han catalogado 132 especies distintas de aves y ocho hábitats de interés comunitario.
