Anguita

En esta corroída baraja de cartas, el As de oro se reserva a los alcaldes cuyas cuentas de resultados, esas que se miden por las transacciones bancarias, avivan la indignación de los millones de parados que son testigos de los desorbitados sueldos que los ediles ostentan en muchos municipios de un país que se arrastra por la supervivencia tras años de declive económico. Las cifras alarmantes de desempleados y déficit forzaron -por aquello de aparentar solidaridad con el prójimo- a ciertas corporaciones a rebajar los salarios de los concejales. Sonó aquel 18% que el reelegido alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, quiso dejar de abonar por propia iniciativa ampliando la recomendación de la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) de reducir el 15% la paga mensual de los regidores.

Entonces, Rodríguez se embolsaba en torno a 97.000 euros anuales (¿le supondría mucha perturbación ese 18%?) según quedó recogido en cierto acuerdo plenario para que el primer edil cobrara lo mismo que el funcionario de mayor retribución; o lo que es lo mismo en este caso, el Gerente de Aguas de Huelva. Los portavoces de los grupos municipales en el consistorio onubense tampoco pasan hambre, no se preocupen.

Después de las elecciones del 22-M, muchos vencedores populares han abanderado la austeridad y la contención del gasto como prioridades en esta nueva etapa. Lo cierto es que tendrán que enfundarse los guantes de faena para cumplir con esas promesas de campaña y sanear la maltrecha economía de los ayuntamientos. Lo fácil es recortar los honorarios de los trabajadores, extirpar plantillas y evadir derechos laborales. Ahora es el momento de gestionar y de hacer todo aquello que se han cuidado de ocultar mientras pedían el voto.

Sin embargo, algo va a cambiar al margen de voluntades particulares y partidistas. Y es que el pasado mes de septiembre la FAMP (integrada por las formaciones PSOE, PP, IU y PA) acordó fijar un límite en los sueldos de los alcaldes andaluces. La fecha marcada fue después de la celebración de los comicios municipales y, para desdicha de muchos, el momento ha llegado silencioso como arena entre los dedos. 

La propuesta se ciñe a establecer los salarios en estricta relación al número de habitantes; su objetivo es armonizar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales y evitar derroches que permitan a un dirigente local o a los directivos de empresas públicas cobrar más que el presidente de la Junta. 

Con este guión y tomando como referente los cargos de la propia Junta de Andalucía, los alcaldes de las localidades de más de 100.000 habitantes y los presidentes de las diputaciones no podrán percibir una nómina más generosa que la de un consejero, en torno a los 68.000 euros brutos anuales. El sueldo de un viceconsejero -sobre los 64.000 euros- será el tope para los ediles de municipios con una población de entre 100.000 y 50.000 censados. Algo más de 55.000 euros (lo que cobra un director general) recibirán los regidores que gobiernen a una población de 20.000 a 50.000 habitantes y, finalmente, en las localidades de menos de 20.000 el alcalde tendrá una nómina de 45.000 euros equiparable a la de un delegado provincial. 

La lección de esta estudiada clase de matemáticas, en un alarde de coherencia por parte de la clase política, queda en el crepúsculo pendiente de salir a la luz desde la celda de aislamiento. Y es que la desfachatez y la desvergüenza de ciertos mandatarios han traspasado el límite de la decencia.

No obstante, esta oda a la sensatez puede desoírse sorteando el límite legal; a media voz no debe quedar la regularización de extras y pluses sin olvidar aquellos tabúes como la ampliación de la ley de incompatibilidades, la limitación de mandatos o la obligación de declaración del patrimonio. Demasiada transparencia para una corrompida clase política enriquecida con impuestos de los ciudadanos que trabajan para sufragarles su pábulo. Es la hipocresía de los que piden esfuerzo sin ni siquiera saber su significado. Anguita, ojalá te escuchen.