¿Gallardón o Berlusconi?
En febrero del año 2010, el entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, inició la tramitación de una serie de reformas legales tendentes a blindarle frente a la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad penal. Escandalizados por la afrenta al Estado de Derecho que se preparaba, los jueces italianos se levantaron con la Constitución en la mano con un mensaje claro: la resistencia a las leyes 'ad personam', leyes diseñadas específicamente por los abogados del 'Cavaliere' para procurarle la inmunidad ante el oscuro panorama penal que ante aquél se desplegaba.
Aquel gesto deintegridad y de decencia de los jueces italianos, como no podía ser de otromodo, fue contestado fuertemente por el propio Berlusconi y su Emporio, quedurante semanas acusó a los jueces de “talibanes” y, por supuesto, de“corporativistas”. ¿Les suena familiar? Antes de la decisión del TribunalConstitucional italiano sobre si el primer ministro estaría obligado acomparecer a los tres procesos judiciales que tenía abiertos en Milán,Berlusconi se despachó con la siguiente frase: “Los jueces son una enfermedaditaliana”.
En España lascosas son distintas. O tal vez no tanto. En el año 2008, un trágico suceso(ocurrido precisamente en Huelva) puso de relieve la situación de abandonoabsoluto de la Justicia por parte de los sucesivos gobiernos que, reservándoselos dineros para otros fines (los vamos conociendo día a día), no tenían reparoen que la Justicia fuera lenta, o sencillamente, que no fuera. Varios datosobjetivos: en España, el presupuesto global de Justicia no alcanza el 1% delPIB; la media europea está en el 3,5%. En España hay diez jueces por cada cienmil habitantes; Moldavia y Albania cuentan con doce, Ucrania con catorce,Portugal (sí, aquí al lado), casi el doble (diecisiete), Grecia (intervenida ytodo) tiene veinte y Alemania veinticinco jueces por cada cien mil habitantes.En realidad, por número de jueces/habitante estamos en el puesto 36 del rankingeuropeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca,país este último con muy baja litigiosidad. Por contra, la productividad de losjueces españoles es la más alta de Europa: en el año 2011, apenas 4.500 juecesresolvieron más de 9.400.000 asuntos.
Conociendo bienestos datos (que son oficiales y de dominio público), el ministro de Justicia,Alberto Ruíz-Gallardón, ha venido a hacer en España lo que Berlusconi no pudohacer en Italia: desmantelar definitivamente el Poder Judicial y someterlo alEjecutivo. Por ello, mientras acusaba a los jueces de corporativistas, el ministro (con el aval del Congreso de los Diputados) ha suprimido en diciembrecasi novecientos jueces interinos que ocupaban vacantes, obligando a los juecestitulares (ya sobrecargados) a 'repartirse' esos juzgados. Así que ya no hay4.500 jueces: ahora, apenas 3.600. Eso es malo para los jueces (por supuesto),pero es mucho peor para los ciudadanos. Claro que las implantación de unastasas exhorbitantes, la falta de iniciativa para resolver el problema de lasejecuciones hipotecarias y el propósito de transferir el Registro Civil (ahoragratuito para los ciudadanos) a los registradores de la propiedad, evidencianque el conjunto de reformas emprendidas por el ministro Ruíz-Gallardón no seejecutan, precisamente, desde la óptica del servicio al ciudadano, sinobuscando el interés muy particular de ciertas élites.
La última reformaen ciernes es la del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno pretendeasumir muchas de sus competencias y alterar su composición, sin importarle paraello incumplir (una vez más) su propio programa electoral. Se cierra así elcírculo y se hace patente el objetivo del conjunto de reformas, que han puestode manifiesto el día 5 de febrero cinco asociaciones profesionales de jueces yfiscales: se reduce el ya de por sí limitado presupuesto de Justicia, se asumeel control del órgano de gobierno de los jueces y se reduce un 25% el número dejueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan,se les pone a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todosellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísimainvestigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunqueestos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que eljuez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve afrustrar el fin del proceso.
Ante estedesolador panorama, las mismas cinco asociaciones profesionales han llamado atodos los jueces del país a una huelga el día 20 de febrero. Por esta razón esahuelga es apoyada por todos los colectivos profesionales de la Justicia,incluyendo abogados y funcionarios. Y por esta razón queremos que losciudadanos la entiendan y la apoyen. Porque es mejor que Berlusconi se quede enla otra orilla del Mediterráneo.
Javier Pérez Minaya
Magistrado de Huelva
Miembro del Comité de Coordinación Nacional de la AsociaciónFrancisco de Vitoria
