En defensa del trabajador público
La semana pasada, el Consejo de Ministros anunció las nuevas cifras de paro, que ya alcanza a más de seis millones de españoles, la caída del PIB esperada para este año de 1,5% (una de las peores de esta crisis que ya dura cinco años), y su respuesta a todo este desastre: profundizar más aún en la depresión con políticas de recorte del gasto público y sin ningún estímulo para la demanda y la creación de empleo. No detallaron los recortes, ya que ni siquiera actúan con claridad, pero en los últimos días hemos empezado a conocerlos.
Estos recortes se encuentran detallados en el Programa Nacional de Reformas 2013, un documento de lectura muy recomendable, ya que constituye un fascinante ejemplo de cinismo. Así, por ejemplo, la eliminación del derecho a prestación sanitaria de los inmigrantes en situación irregular se denomina “Evitar el fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria española” y su impacto se detalla como “873.000 tarjetas de extranjeros no residentes en España dadas de baja”. De su impacto real sobre la vida de estas personas, nada se dice.
En este documento se plantea la práctica destrucción de la política de la dependencia, ya que para nuestro gobierno se debe haber convertido en un lujo y por eso se permite eliminarla. También se habla de la “moderación” de las pensiones, que no sabemos a qué se refiere, pero seguro que termina en un empobrecimiento de nuestros mayores. Además, incluye un recorte de 12.000 millones de euros en las partidas dedicadas al pago de los sueldos públicos, que no se sabe si se traducirá en despidos, reducciones de sueldo o eliminación de pagas extra.
Me voy a centrar en esta última medida, no porque la considere más dañina que las demás, sino porque afecta colectivo al que pertenezco y que mejor conozco, el de los trabajadores públicos. Quiero dejar clara mi postura: no creo que el trabajador público sea mejor o peor que cualquier otro trabajador. Tampoco pienso que sea el colectivo que lo está pasando peor en esta crisis, ya que es obvio que los seis millones de desempleados son los más perjudicados. Mi objetivo es dar respuesta a algunos de los reproches que solemos recibir por parte de la sociedad y sobre todo, responder a nuestro obtuso gobierno y su política económica suicida.
El Gobierno se ha esforzado en denostar a los trabajadores públicos, dando altavoz a todos los prejuicios y tópicos existentes en la sociedad, asociándolos al café, el periódico, las colas y el vuelva usted mañana. No voy a negar que haya trabajadores que intenten trabajar lo menos posible. Por supuesto que existen y no sólo en el sector público, están en todas partes, y todos deberían ser sancionados. ¿O es que alguien puede decir que no ha tenido que esperar demasiado o hacer un papeleo excesivo en un banco o en cualquier otra empresa privada? Al igual que hay eficiencia y calidad en el sector privado, las hay también en el sector público. El sector público son los médicos, los enfermeros, los policías, los jueces, los maestros, los profesores y tantas personas que llevan a cabo actividades fundamentales para la sociedad y que desde siempre se han caracterizado por trabajar muchas horas y tener unos sueldos más bajos que los existentes en el sector privado.
La estrategia de nuestro gobierno está clara: señalar a unos supuestos privilegiados que puedan recibir el odio y el desprecio de todo aquel que lo está pasando mal en estos días, que lamentablemente son muchos. En lugar de solucionar problemas, busca cabezas de turco, como cuando habla de los que vivieron por encima de sus posibilidades. Señala a los trabajadores públicos por tener unas condiciones laborales mínimamente decentes, haciéndonos parecer culpables de no estar siendo explotados laboralmente como ocurre con otras muchas personas de esta sociedad. Pero para luchar contra la explotación no podemos indignarnos porque otros tengan buenas condiciones laborales, sino exigir a nuestro gobierno que haga cumplir la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, y obligarles a hacer algo por que todos los españoles tengamos derecho a un trabajo y a unas condiciones laborales dignas.
Y además, ¿cuáles son esos supuestos privilegios de los trabajadores públicos? ¿Estabilidad? Lo primero que habría que señalar es que no todos los trabajadores públicos somos funcionarios, que existen interinos, laborales y estatutarios, y que muchos no tienen contrato indefinido, ni plaza fija ni nada parecido. Habría que recordar que en Sanidad hay personas cuyo contrato se renueva mes a mes o a quienes se les hacen contratos por días.
Los interinos en Educación son contratados por bajas cuya duración no conocen, y que a veces sólo suponen unos días. Y aún así, tienen que desplazarse a cualquier punto de Andalucía donde son reclamados. Yo, personalmente, estuve ocho años trabajando en el sector público hasta conseguir mi primer contrato indefinido (después de un doctorado y de superar tres procesos de selección públicos, por cierto, donde mis méritos fueron evaluados y comparados con los de cualquier otra persona que quiso presentarse), pero hay trabajadores que tardan mucho más en conseguirlo.
¿El sueldo? La mayor parte de los trabajadores públicos son mileuristas. Eso ahora puede parecer una suerte, pero habría que recordar que siempre han ganado ese sueldo, incluso en los años en los que parecía que el dinero caía del cielo y hasta las personas sin formación alguna tenían sueldos mayores. Además, con las congelaciones y reducciones de sueldo, aumentos de jornada y paga extra confiscada llevamos ya una pérdida de poder adquisitivo de un 20%, que no es poco.
Quiero dejar claro de nuevo que con esto no quiero decir que los trabajadores públicos seamos los más perjudicados de la crisis, porque es obvio que no. Como ya he dicho, los más perjudicados son todos aquellos que han perdido su empleo y no pueden encontrar otro, las familias que sobreviven con la pensión de los abuelos, los que tienen que mantener a los hijos con 400 euros al mes, los desahuciados y los dependientes sin ayuda. Lo que quiero señalar es que los trabajadores públicos somos tan necesarios como cualquier trabajador del sector privado y que las condiciones laborales de éstos últimos no mejoran empeorando las nuestras. A todo el mundo le gusta que lo atienda un buen médico en el centro de salud o en urgencias, que sus hijos tengan el mejor profesor y que haya avances en investigación en las universidades. Los que estamos detrás de todo eso y más somos nosotros, los trabajadores públicos y la mayor parte nos esforzamos en seguir cumpliendo con nuestro trabajo lo mejor que podemos, porque es el trabajo que nos gusta y el que hemos elegido.
