Laicismo
Andamos metidos estos últimos días en la presentación de propuestas de todo tipo para las próximas elecciones generales y parece que son varios los partidos que van a incluir en su programa electoral la promesa de rebajar en mayor o menor grado los privilegios de los que goza la Iglesia Católica en nuestro país desde tiempos pretéritos y, legalmente, desde el Concordato de 1976 y posteriores acuerdos de 1979.
Es éste un tema que hasta la fecha había sido evitado por casi todas las fuerzas políticas, con la salvedad de IU, por un respeto desmesurado a los púlpitos y por un electoralismo de cortísimo recorrido. Más valía no meneallo. Hasta tal punto ha sido obviado el asunto que desde la Transición ningún gobernante de ningún partido se ha atrevido a encararlo y, cuando se ha hecho, ha sido para ceder a las presiones de la jerarquía eclesiástica y mejorar la situación de la Iglesia Católica en ciertos aspectos, especialmente en el terreno económico y en el educativo. Ahora algunos partidos políticos empiezan a concretar líneas de actuación para normalizar la situación de la Iglesia Católica en un Estado constitucionalmente aconfesional. Denuncia del Concordato, obligación de pagar el IBI de aquellos edificios que no se dediquen al culto o religión fuera de las escuelas son algunas de las reformas legislativas que se nos están prometiendo ya en pro de un Estado más laico.
Pero hay otro nivel de laicismo en el que los poderes públicos pueden empezar a actuar sin necesidad de esperar periodos electorales ni nuevas leyes. Desde la llegada de las nuevas corporaciones municipales y autonómicas hay dirigentes locales y regionales pertenecientes a los que se ha denominado “partidos emergentes” que han marcado diferencias con el pasado y no han tomado parte en los servicios religiosos que conmemoraban tal o cual fiesta alegando que el poder civil no debe ocupar un asiento en actos confesionales. Así, entre otros, el alcalde de Santiago de Compostela no asistió a la celebración del día del Apóstol Santiago, nada más y nada menos. Tras el revuelo inicial, parece que allí donde ha sucedido la iniciativa se ha entendido y se ha integrado en la normalidad democrática.
De acostumbrados que estamos no nos sorprende ver –y Huelva destaca en este aspecto– a nuestros representantes municipales con sus mejores corbatas o con sus mantillas al frente de procesiones, sentados en lugares de privilegio en ceremonias religiosas, acompañando a sacerdotes en la bendición de instalaciones públicas, inaugurando azulejos de vírgenes con los que se “embellecen” las calles céntricas, en definitiva, fundiéndose con el clero en solemnes rituales. Argumentan para justificar su presencia que son tradiciones populares y, en consecuencia, ellos/ellas participan como representantes del pueblo que los ha elegido, es decir, están haciendo propia de todos los ciudadanos una determinada confesión religiosa y, en cierta manera, se la están imponiendo a la sociedad a la que representan, cuando no sometiendo el poder civil al religioso.
